Solo faltan dos semanas para que se cumpla un año desde el inicio oficial de la crisis del coronavirus, y las cosas parecen no ir ni de lejos bien. El pasado miércoles, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso otro plan de ayudas, este por 11.000 millones, sin dejar claro de qué clase serán esas ayudas, si serán a fondo perdido o serán directas, ni cuál será el plazo para acceder a ellas. Las ayudas vienen a sumarse a otro plan aprobado por el Gobierno Sánchez hace tan solo dos meses, en diciembre, basado principalmente en nuevos créditos ICO y aplazamientos de impuestos: ayudas indirectas.
No es lo que esperan las empresas y los autónomos que siguen pidiendo medidas que incluyan ayudas directas para evitar un inminente tsunami de cierre de empresas. Por eso, el nuevo anuncio ha colocado el debate en si el Gobierno llevará a cabo un plan de ayudas directas a las empresas, como han hecho ya las otras grandes economías europeas, o se seguirá con esta política de parches y paños calientes que prolonga la agonía de empresas y autónomos que se saben destinados al cierre.
A la situación se une la inexistencia de un horizonte claro de recuperación de la actividad económica, por el fracaso de las previsiones de la campaña de vacunación, dado que al ritmo de inoculación actual de vacunas, España, no habrá inmunizado a su población hasta mediados de 2022, y eso en el mejor de los casos. En dos meses largos, sólo se han inyectado tres millones y medio de dosis, y se precisa inyectar (en función de la vacuna que se utilice) entre 75 y 90 millones de dosis.
El anuncio de Sánchez de un nuevo plan de ayudas dotado con 11.000 millones provocó cierta expectativa en los agentes económicos, pero el anuncio no ha traído detalles de cómo funcionarán las ayudas: Economía no quiere adelantar las medidas que se plantean, y lo único que ha trascendido es que –como ya ocurrió el año pasado– el ministerio y el Gobernador del Banco de España mantienen puntos de vista diferentes sobre lo que hacer con esos 11.000 millones. Calviño es partidaria de condonar por la vía de quitas parte de la deuda de los ICOs solicitados el pasado año, que comienzan a vencer en las próximas semanas. La ministra es consciente de que la mayoría de empresas no podrán devolverlos, y quiere que los impagos sean cargados a cuenta de los recursos previstos en el nuevo plan. Eso afectará de manera considerable al sector público, pero también repercutirá sobre la banca, que tendrá que destinar recursos de sus reservas para provisionar los créditos fallidos, que serán muchísimos. Calviño también se plantea capitalizar la deuda con créditos participativos, que darían algo más de tiempo a las empresas para devolver lo que pidieron el año pasado… Lo cierto es que no existe un acuerdo de la eurozona sobre cómo hacer frente al crédito público que no se va a devolver, y eso puede provocar desequilibrio al sistema y un retroceso de la banca española respecto a la banca de otros países. Quizá por eso el Banco de España no está de acuerdo con la posición de Calviño y propone ayudas directas y a fondo perdido, que no pongan en peligro el crédito bancario, pero contribuyan a mantener la actividad y el empleo.
La cuestión es que –hagan lo que hagan– no se puede atrasar más allá de unos días el anuncio. Los créditos ICO están a punto de vencer ya.
Añade un comentario