FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Próxima generación, viejos vicios | Francisco Pomares

En la rueda de prensa ofrecida tras concluir la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Reactiva, el presidente Torres aseguró que la ejecución presupuestaria de 2020 ha alcanzado el 96 por ciento, una cifra que –de ser correcta– supondría un asombroso grado de cumplimiento del presupuesto en un año con tantas dificultades como el pasado. Ya se encargará la oposición de cuestionar o no la veracidad de esos datos, pero la rueda de prensa dio bastante más de sí, sobre todo porque Torres anunció que su Gobierno trabaja para reducir a 3.500 millones los proyectos que –por hasta 11.350 millones antes de la primera criba– optaban para ser financiados con cargo al fondo Next Generation EU 2021-2023.

A fecha de hoy, los proyectos canarios rondan algo menos de nueve mil millones, pero tienen que ser aún reducidos a la tercera parte, porque el dinero que hay es el que hay: España puede recibir transferencias del programa Next Generation EU hasta un máximo de 71.000 millones en tres años, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 59.000 millones y el React-EU, con algo más de 12.000. Los Presupuestos nacionales para 2021 ya incorporan una parte de estos fondos, por algo más de 26.600 millones, más de un tercio del total de los Next Generation UE que le corresponden a España durante el período de vigencia del plan.

La parte de la React-EU de este año (casi 2.500 millones) se la ha quedado el Gobierno, pero las dos próximas anualidades (10.000 millones en total), serán para las regiones. Y de los 24.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incorporados a los presupuestos, el 55 por ciento corresponde gastarlo al Estado y el resto –unos 10.800 millones– a las regiones. De esa cantidad ya se han regionalizado 4.250 millones, sobre todo destinados a Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, los cuatro grandes.

En el caso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se establecen dos tipos de proyectos: las Misiones, con convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que financiarán grandes iniciativas estratégicas de I+D, realizadas por agrupaciones de empresas, con participación de centros de investigación.

El segundo tipo, al que se refería ayer el presidente Torres, son los Macroproyectos Tractores, basados en grandes proyectos de colaboración entre empresas y entidades públicas en sectores estratégicos, que favorezcan la transferencia de conocimiento y aumenten el potencial económico, tecnológico y de empleo del país.

Eso es, básicamente, lo que se pretende. Pero la aplicación de la literatura de las medidas europeas no siempre se cumple. Lo más probable es que –a pesar del intento de modificar por vía de urgencia los mecanismos de licitación y control administrativo, para facilitar los procedimientos administrativos– al final el reparto de los fondos se produzca atendiendo básicamente a criterios territoriales, o de peso político, o de proximidad/afinidad de las empresas peticionarias con quienes hagan el reparto.

En ese contexto, Canarias se moverá en el entorno de algo más de mil millones anuales, porque eso es lo que nos corresponde por población. Pero la pasta gansa se la van a llevar las empresas con capacidad para pujar más fuerte, y no serán probablemente sociedades de las islas las que vean aprobados sus proyectos. Es verdad que estos serán evaluados (antes y después) por los técnicos y burócratas de la Comisión, y van a producirse casos de no concesión o cancelación de la financiación. Pero si ocurre lo que ocurre siempre, escaparán los que tengan mejor asesoramiento. Las empresas de consultoría son las que de verdad se van a poner las botas…

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