FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El revire (primer tiempo) | Francisco Pomares

El Gobierno regional tutela alrededor de 2.600 menores inmigrantes. Son muchos niños a cargo de una sola comunidad autónoma. El presidente Torres ha dicho que no se descarta devolver al Estado esa competencia si el Gobierno de Sánchez no establece políticas y medidas que permitan distribuir a los menores por todo el territorio nacional y disminuir la cifra de niños de los que Canarias ha de hacerse cargo, la mayor a la que se han enfrentado los recursos de acogida y atención de menores de los que disponen las islas, hasta el extremo de que Torres la considera absolutamente inasumible.

La cosa es que el Gobierno nacional lleva años lavándose las manos en este asunto, y no se puede tirar de excusas sobre la dificultad de hacer traslados por el Covid, la necesidad de mantener a los emigrantes cerca de sus países o cualquier otro argumento ad hoc. Hay una responsabilidad transferida que comporta compromiso de solidaridad por parte del Estado. O se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, no tiene sentido que Canarias haga su parte. No es la primera vez que se plantea devolver una competencia a la Administración central, pero sí es la primera que lo plantea un presidente regional del PSOE a una administración nacional presidida por un socialista.

Se trata de un primer amago de revirarse con el que Torres señala su creciente desconfianza en las promesas y buenas intenciones de Madrid. Pero hay más: el próximo 1 de marzo Torres se reunirá en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para explicarle el alcance de la situación que la crisis migratoria está provocando en las islas. La reunión se produce en el contexto del nuevo diseño del pacto europeo del asilo y la emigración, un diseño que responde a las crisis migratorias provocadas por las guerras de Libia y Siria, y que es mucho más restrictivo de lo que han sido hasta la fecha las políticas tradicionales de la Unión Europea. Sorprendentemente, y a pesar de la gravedad de la situación que las llegadas masivas han provocado en las islas, ni el Parlamento de Canarias ni el Gobierno regional han elaborado propuestas u orientaciones a ese nuevo pacto, como tampoco lo han hecho los cabildos, las universidades canarias o cualquier otra institución isleña.

Torres advirtió ayer que “el nuevo pacto de asilo debe ser redefinido”, en referencia a la necesidad de repartir solidariamente las cargas que la emigración irregular supone. El presidente es consciente desde hace ya semanas de que la ineptitud de Escrivá, la soberbia de Marlaska, y la percepción de inseguridad provocada por los actos vandálicos de algunos grupos de emigrantes marroquíes, los destrozos, peleas y robos… toda esta delicadísima situación está provocando un creciente rechazo social en las islas, no sólo frente al fenómeno de la emigración, sino también ante la deficiente gestión pública de los campamentos, los traslados y la escasa reacción ante los comportamientos incontrolados. Porque la percepción generalizada es que el Gobierno de Sánchez ha asumido convertir Canarias en una suerte de cárcel a cielo abierto para emigrantes, la última frontera antes de alcanzar la Europa prometida. Una Europa que ya no empieza en los Pirineos, sino en ese estrecho de Gibraltar que el Frontex y la Guardia Civil han logrado blindar en los últimos meses.

Torres tiene que distanciarse de cualquier complicidad en este asunto con el Gobierno de Sánchez, y estos primeros gestos van en esa dirección. Pero no va a bastar con marcar distancias. Tiene también que encontrar la forma de que Madrid resuelva el problema humanitario que ha contribuido a crear en las islas. Y quizá para conseguir que eso suceda, para ponerle las pilas a Madrid, no baste con gestos y reuniones.

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