FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Para democracia, la de Puntin | Francisco Pomares

La ministra portavoz, María Jesús Montero, quitó ayer importancia a las declaraciones de Pablo Iglesias en las que aseguró que no existe una situación de “plena normalidad política y democrática en España”, intentó minimizar la polémica abierta por las palabras de Iglesias y explicó que este tipo de comentarios hay que contextualizarlos en la campaña electoral de Cataluña. Y aquí paz y en el cielo gloria.

Sinceramente, me sorprenden más las declaraciones de la portavoz del Gobierno que las del vicepresidente, de quien uno ya espera casi cualquier cosa, incluso que siendo miembro del Gobierno preste apoyo a la agresión contra España del ministro de Exteriores de Putin, cuando compara la situación de los presos catalanes a la del opositor ruso Navalny. Alexei Navalny es ese señor al que Putin intentó primero asesinar envenenándolo, y ha condenado ahora a tres años y ocho meses de prisión en una decisión fulminante de la Justicia rusa. A algunos les parecerá llamativo o chocante que un miembro del Gobierno de España defienda impúdicamente las opiniones del portavoz de un Gobierno autoritario, de esa banda de mafiosos que desde hace veinte años se ha apoderado del Gobierno, la economía y la Justicia en la Federación rusa. Pero en realidad tampoco es tan extraño. Iglesias no ha cambiado en ningún momento el discurso político que predicaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense: considera que la democracia española es fruto de la Transición, un tiempo de sometimiento a los miedos del pasado. Iglesias siempre ha defendido que hay que dinamitar los consensos, compromisos y equilibrios que tanto costó construir entre ideologías, clases sociales y territorios. Y si de lo que se trata es de destruir la unidad de la nación para que prospere el caos –la escalera que lleva al poder, según aprendió Iglesias en su serie favorita, Juego de Tronos– tanto da lo que nos llevemos por delante.

Así, mientras el vicepresidente seducía con descaro el voto independentista, su partido presentaba ayer un proyecto de ley “de protección de la libertad de expresión”, adelantándose a la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia. En el proyecto, cuya presentación Podemos hace coincidir con las movilizaciones y protestas por la cercana entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, el partido de Iglesias propone derogar los delitos de injurias a la Corona y de enaltecimiento del terrorismo, en otra vuelta de tuerca a la demolición del Estado y sus instituciones, que hasta año y medio impedía dormir a Pedro Sánchez, y que ahora parece que se la trae al fresco. A él y también al resto de los miembros de su Gobierno. Tanto como para que el asunto de la sobrada de Iglesias contra España no fuera siquiera comentada en el Consejo de Ministros.

Uno se pregunta cuánto tiempo se puede sostener en este país la ficción de que pueden convivir en el mismo Gobierno un equipo de personas que se consideran a sí mismas reformistas y se definen como respetuosos de la Constitución y el grupo de conmilitones revolucionarios de Iglesias, decididos a reinventar cada día nuestra imperfecta democracia, quizá para que se acerque a otros modelos más dignos de lealtad, respeto o admiración. Como el venezolano o el iraní. O incluso la Rusia de Putin, ese demócrata admirable.

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