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OPINIÓN | Sopa de letras | Francisco Pomares

En una entrevista reciente, Barack Obama decía algo así como que su primera gran decepción al llegar a la presidencia de Estados Unidos se produjo al comprender que las administraciones son como barcos gigantescos que mantienen su deriva durante años, a pesar del esfuerzo de los que llegan nuevos al poder por hacer que cambien de dirección. Me pareció una excelente metáfora de la diferencia entre las buenas intenciones y los buenos resultados.

Porque resulta muy frustrante –cuando uno lleva tantos años contemplando lo difícil que es plasmar los objetivos políticos en cambios– constatar la brutalidad y vesanía con la que los nuevos (los que no han pasado por el poder antes) señalan la incapacidad de los que sí lo han hecho, para adelantar las transformaciones prometidas. Luego, cuando llegan ellos, no son jamás capaces de reconocer que la dificultad de afrontar procesos transformadores es inherente a la complejidad del sistema, y no fruto de la maldad de los que les precedieron, sino de la extraordinaria resistencia de las administraciones y de los sistemas legales a cambiar.

Ángel Víctor Torres y su viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez (Noemí Santana acababa de parir una semana antes y no pudo asistir) inauguraron el 9 de diciembre de 2019 unas jornadas sobre renta básica ciudadana, en las que anunciaron que el proyecto estrella del Gobierno, emanado de la reforma del Estatuto, y destinado a paliar la pobreza en las islas, sería operativo en 2020. De hecho, en los presupuestos de 2020 ya se incluyó una partida, que al final se usó para ese gran fiasco que resultó ser el salario mínimo de emergencia.

Ahora sabemos que la renta básica canaria, condicionada por el ingreso mínimo del Estado, no podrá implantarse al menos hasta 2023, el año en el que concluirá esta legislatura. No será además otra cosa que una ampliación de beneficiarios –o un complemento de recursos– al ingreso mínimo vital que quiere Iglesias, y eso si se consiguen salvar las dificultades legales para que Canarias complemente el ingreso mínimo con su renta básica.

Está previsto que la ley se apruebe a finales de este año, pero el propio anteproyecto aclara que entrará en vigor tres meses después de su publicación y que entonces se abrirá un plazo de seis a quince meses para desarrollar los complementos que se establezcan. Y tiene mucha lógica hacerlo así: con el ingreso mínimo vital funcionando, aunque se mantenga para encajar otro rango de ayudas, el nombre de renta básica contemplado en el Estatuto de 2018 no parece tener mucho sentido. Lo más honesto sería explicarlo, dejarse de milongas, cambiar el nombre y hablar de un sistema de ayudas complementarias a la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital. Ahora se habla mucho de usar la renta para ocuparse de los jóvenes de 18 a 23 años, no incluidos en el proyecto de Iglesias. Yo me fijaría más en los mayores…

Este es un asunto serio, probablemente el más importante del programa del pacto de las flores, y no quiero que nadie pueda pensar que me lo tomo a guasa, porque me refiero a esa sopa de letras que suponen la RBC, el IMV, el SME y la PCI. Pero lo que creo tiene más que ver con la diferencia entre lo que se quiere realmente hacer y lo que se puede y debe hacer, que con la arrogancia de quienes creen que basta con desear algo para que ese algo ocurra.

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