FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Paguen | Francisco Pomares

Luis Campos, portavoz del partido de Román Rodríguez en el Parlamento de Canarias, pidió ayer al Gobierno del que su jefe es consejero del dinero, a los cabildos (el de Gran Canaria lo preside su compañero Antonio Morales, en un acuerdo prácticamente idéntico al pacto de las flores, sólo que sin gomeros) y a los ayuntamientos (en los que Nueva Canarias participa de la gobernanza en muchos) a agilizar los procesos de contratación administrativa y de personal, para inyectar liquidez al tejido productivo, crear empleo público y ayudar a las personas que sufren más dificultades en la actual situación.

Campos tiene toda la razón al afirmar que es necesario ayudar especialmente a quienes lo están pasando peor, que es necesario crear empleo (no necesariamente en la Administración), y que es imprescindible que todas las administraciones -empezando por las que más dinero tienen y a más lugares llegan, es decir, empezando por el Gobierno regional- agilicen sus trámites y activen la inversión prevista en los Presupuestos para inyectar recursos a la economía.

El problema es que no basta con predicar para que el trigo crezca, como bien sabe cualquier político con experiencia. Don Luis es un hombre bienintencionado, y seguro que está pensando en las decenas de miles de personas que lo están pasando muy mal, pero quizá debería ser consciente de que para que entendamos que significa “agilizar la contratación administrativa” –y esa es una de las recomendaciones más sensatas que pueden hacerse hoy– debe aclarar si se refiere a mejorar la gestión de los departamentos y empresas del Gobierno, la ‘productividad burocrática’ de sus gestores y empleados; o lo que pide es que se modifiquen las laberínticas regulaciones y los controles extraordinarios que en los últimos años se han implementado para evitar comportamientos corruptos de quienes nos gobiernan.

Es cierto que esos controles han complicado enormemente los sistemas de contratación, hasta convertirlos en muchos casos en trampas para cazar osos. Sortear esas normas, a esta altura del partido, requeriría de medidas extraordinarias, como las que ha aplicado el Gobierno de España, haciendo uso del decreto de alarma, y autorizando compras de urgencia que huelen mal, que se realizan a dedo, sin publicidad ni concurrencia de ofertas, sin transparencia, cuando no declarándolas secreto de Estado, como si del salario de la mujer del César se tratara.

Lo que deberían hacer ya gobiernos y administraciones es acelerar sus pagos, porque es cuando se paga cuando el dinero llega a la economía real, cuando se reparte y distribuye, cuando circula. Eso ocurre no durante el proceso de contratación, sino cuando se paga.

Agilicen la burocracia para pagar más rápido a las empresas que prestan servicios a las administraciones y adelantan su dinero o se endeudan en los bancos para que los encargos se cumplan. Paguen a los agricultores que malviven esperando una subvención que no llega, a los taxistas que no cobran su ayuda, a los autónomos olvidados de todos.

Ocúpense de quienes no reciben el dinero al que tienen derecho porque la administración no es capaz de tramitar la dependencia y mantiene a 30.000 personas esperando hace años. Paguen deudas, subvenciones y ayudas con la celeridad con la que se pagan puntualmente sus sueldos y los sueldos de los suyos.

Pongan ese esfuerzo que hay que hacer, no en modificaciones normativas que reduzcan el control y alienten el amiguismo, el nepotismo y la golfería, sino en pagar antes un dinero que ustedes administran como si fuera suyo, sin serlo.

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