Algo menos de un año y medio es lo que tienen que esperar (de media) las familias que solicitan atención para sus dependientes. 432 días es el tiempo que transcurre de media en España entre el momento en el que se presenta la solicitud y cuando se recibe respuesta de la Administración. 432 días en los que es –por desgracia– demasiado frecuente que la persona dependiente fallezca sin respuesta.
Todos los años las estadísticas se alimentan de cientos de ancianos dependientes que mueren sin recibir ningún tipo de atención del Estado (las comunidades autónomas son parte del Estado) a pesar de que la gran ley social de Zapatero fue aprobada en 2006.
Si esos plazos resultan desalentadores, es conveniente recordar que en Canarias los familiares de dependientes aplaudirían con las orejas si las cosas funcionaran aquí igual que en la media nacional. Canarias es la región de toda España que más tarda en atender las peticiones de dependencia, duplicando el número de días de la media española. 923 días entre la presentación de la solicitud y su respuesta por parte de la Consejería de Derechos Sociales, casi tres años de espera, según datos del Imserso.
Las cifras fueron publicadas la semana pasada tras la decisión del Consejo interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que se estableció un nuevo Plan de Choche para reducir las listas de espera. Aunque parezca increíble, ni una sola de las regiones cumple con la ley. Especialmente donde el texto establece que el plazo máximo para dar respuesta a un expediente es de 180 días –seis meses–, plazo que no cumple nadie, aunque hay una sustancial diferencia entre los 188 días que tarda Castilla y León y los 923 de Canarias.
Como resultado, una de las regiones españolas con mayores cotas de pobreza, y con un número mayor de personas no cubiertas en su vejez, concentra un porcentaje de peticiones por tramitar muy superior al que le correspondería. En España, 380.000 personas siguen esperando por que se resuelvan los trámites, de poco más de un millón de personas que reciben ya las ayudas. De esas 380.000 personas, en Canarias, una región con un porcentaje de mayores dependientes por debajo de la media nacional, están pendientes de resolución de su expediente casi 23.000 personas, y más de ocho mil ya valoradas y a las que se les ha admitido la prestación están pendientes de recibirla.
Sería injusto responsabilizar en exclusiva a la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de la desidia y abandono que arrastramos desde el inicio de la puesta en marcha de la ley, cuando Canarias intentó sin éxito encajar su propio sistema de dependencia en el proyecto nacional. Pero lo que no es de recibo es que año y medio después de haber accedido al control de la Consejería, se siga responsabilizando del desastre de la dependencia solo a los gobiernos anteriores, en los que –por cierto– de los catorce años que van desde la aprobación de la ley, en siete de esos años el PSOE ha tenido responsabilidades de Gobierno.
Mientras desde la Consejería se presume de la renta ciudadana de emergencia, la prestación canaria de inserción o la paga extra de 250 euros, 30.000 ancianos siguen sin recibir la ayuda que la ley les garantiza, frente a 25.000 que sí la reciben. Ya me dirán ustedes si eso no es una vergüenza.
Añade un comentario