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ADMINISTRACIÓN | Los empleados públicos inician una huelga para que el Gobierno acabe con su temporalidad

EBFNoticias | Los empleados públicos interinos y temporales de la Administración General de la Comunidad Autónoma iniciaron una huelga indefinida este lunes 11 de enero con la exigencia de dar estabilidad y fijeza a sus puestos de trabajo después de más de 15 y 20 años de antigüedad en muchos casos trabajando para la Administración. A la convocatoria están llamados los 11.000 empleados que trabajan en las consejerías autonómicas, si bien la situación de interinidad afecta directamente a cerca de 4.000 trabajadores.

La huelga está convocada por los sindicatos Intersindical Canaria y SEPCA, que son mayoritarios en la Administración autonómica, además de la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca).

Los paros están convocados, inicialmente, para el lunes 11 y el viernes 15 con concentraciones, caravanas de coches y otro tipo de movilizaciones que sean compatibles con las medidas de seguridad vigentes por la covid-19. El lunes se realizó una concentración y lectura de un manifiesto delante de la sede de Presidencia del Gobierno de las dos capitales canarias.

La principal reivindicación de los convocantes de la huelga es que se negocie una fórmula legal que dé fijeza al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso oposición, tal y como está previsto por el Gobierno regional. Precisamente la convocatoria de una oferta de empleo público para la estabilización y consolidación de las plazas que ocupan estos empleados fue pospuesta en diciembre por el Ejecutivo a la espera de los cambios que pudieran surgir con la Ley de Presupuestos del Estado de 2021 y la reforma que prevé el Gobierno central de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para reducir los índices de temporalidad en las administraciones públicas.

Este conflicto laboral  se suma al ya iniciado  por los facultativos especialistas de área del Servicio Canario de la Salud (SCS) por el mismo motivo, la exigencia de una solución excepcional para garantizar la continuidad en sus puestos de las “víctimas del abuso de la temporalidad” en la administración pública.

Los convocantes cifran el seguimiento de la huelga en el 90% de los afectados, en torno al 55% de la plantilla total de administración pública en las islas. Mientras, el Gobierno regional lo sitúa en el 3,6%, concretamente 289 personas de las 7.956 que podía ejercer su derecho, descontando a los trabajadores que están de vacaciones, de días de permiso o baja laboral.

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