FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Condenados a entenderse | Salvador García Llanos

El sector horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías) sigue demandando ayudas pues considera insuficientes las contenidas en el Real Decreto aprobado por el Gobierno que ya comentamos y que contenía estímulos fiscales, financieros e inmobiliarios cuantificados en unos cuatro mil doscientos veinte millones de euros.

Y ahí va el ejecutivo dispuesto a ampliarlos. Según se ha sabido, el Ministerio de Industria prepara el lanzamiento de un fondo público-privado, dotado inicialmente con ciento cuarenta millones de euros para garantizar “operaciones de aval” a aquellos negocios que están abocados al cierre dada la incidencia de la crisis y que no han accedido a las ayudas del Plan Horeca o cualquier otro tipo de financiación desplegada por el Gobierno desde el principio de la pandemia.

En efecto, desde el citado Ministerio se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de carácter exclusivamente turístico y que se denominará así, Turismo de España SGR. La sociedad tendrá una dotación inicial de 19,9 millones de euros de los que el 49% será capital público, y una vez constituida tendrá una capacidad de inyectar liquidez del 700% de su capital, lo que supone un monto de partida de 140 millones de euros. Pero este no será el límite: la capacidad financiera o avalista de Turismo de España podrá incrementarse hasta cantidades por ahora indeterminadas, una vez arranquen las operaciones y transcurra un tiempo.

La finalidad del fondo será «facilitar el acceso a la financiación mediante garantías» y la idea que maneja el equipo de la ministra Reyes Maroto es que el instrumento esté operativo en marzo. Para ello, recalcan las fuentes gubernamentales, «es preciso recabar el apoyo de las comunidades autónomas en el ámbito de la Conferencia Sectorial puesto que se espera que las regiones participen de la sociedad. La Sociedad de Garantía Recíproca, además, quiere constituirse con «socios protectores privados». Es decir, entidades financieras, organizaciones profesionales o grandes empresas del sector turístico que aporten el dinero restante hasta cubrir los veinte millones iniciales que exige la Ley. Estos socios «no podrán acceder a las operaciones de aval», ya que éstas están pensadas para empresas y pymes maltrechas económicamente al borde de la inviabilidad.

En Turismo de España SGR también podrán participar en el capital fundacional las pequeñas y medianas empresas con una aportación mínima que podría oscilar en torno a los sesenta euros por socio. Este nuevo fondo surge como reacción a las críticas sobre la falta de ayudas directas: España cerró 2020 sin un plan de ayudas de esta índole a las empresas, más allá de la prestación extraordinaria a autónomos por cese de actividad durante la aplicación del estado de alarma.

A ver si estas fórmulas ponen de acuerdo al sector privado, disconforme, según distintas fuentes implicadas, con un reparto a cargo de las comunidades autónomas que, en noviembre pasado, ya percibieron una dotación de dieciséis mil millones de euros, correspondientes a la distribución del fondo COVID-19. Recordemos que de esta cantidad, ocho mil debían destinarse a Sanidad y Educación mientras que el resto quedaba a libre disposición de las autonomías.

En Industria se reconoce que se ha actuado sobre la «reducción del gasto» y no sobre los «ingresos» de las pymes del sector. Y destacan las ayudas por valor de cincuenta y un mil quinientos millones de euros, de las que cuarenta y un mil quinientos han sido los créditos ICO para empresas en apuros.

Recursos hay, por lo que se ve. Lo que hace falta es voluntad de entendimiento y flexibilidad a la hora de entenderse. La coyuntura hace que los sectores público y privado estén condenados a entenderse.

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