Después de las contundentes negativas durante la campaña de 2018, cuando aún no era socio de los indepes y Pablo Iglesias le provocaba insomnio, Pedro Sánchez se descolgó, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros del año, reconociendo –a preguntas de un periodista sobre el indulto a los presos del procés– que “apuesta claramente por el reencuentro y la reconciliación” en Cataluña, y que “es importante superar episodios aciagos” que “sonrojan” a todos porque en la gestión de la rebelión secesionista “nadie está libre de culpa” y “todos hemos cometido errores”.
Si alguien precisa aún de más claridad para constatar que el indulto se producirá este año que comienza, es que está afectado de sordera. Y por si los sordos, salió previamente el ministro Ábalos a hacer de telonero de su jefe, explicando que en este asunto de los indultos, el Gobierno está obligado a “aliviar tensiones”, como si lo del indulto fuera una cuestión de retención de orina.
También, un día antes del pronunciamiento de Sánchez, la vicepresidenta Calvo cuestionaba el informe de la Fiscalía, contrario al indulto, explicando que la potestad de aplicar el indulto la tiene el Gobierno, y que el Gobierno puede hacer lo que quiera, a pesar de la oposición del ministerio fiscal.
Eso no es del todo cierto. El Gobierno siempre ha hecho caso de la Fiscalía, aunque no esté obligado a ello. De los 1.240 expedientes de indultos resueltos en la primera mitad de 2019, solo se concedieron diez, apenas el 0,8 % del total. Lo frecuente es que el Gobierno rechace indultos con informe favorable, no que apruebe indultos con informe desfavorable. Porque el Gobierno aplica sus medidas de gracia basándose en circunstancias objetivas de equidad, reinserción y reparación del daño, no en su capricho o interés.
No resulta sorprendente que un Gobierno que nos ha impuesto su surrealista visión de lo que es la normalidad considere normal que quienes han sido condenados por cometer graves delitos sean indultados por la vía de urgencia y en contra del criterio fiscal.
Yo no soy partidario de que se indulte a reos que presumen de no arrepentirse de sus delitos. No creo que el indulto sea una demostración del valor de la negociación, el entendimiento y la reconciliación. Los indultos no están para hacer política, pero acepto la prerrogativa del Gobierno para indultar, y acepto por tanto que el Gobierno de España y su presidente mantengan una posición distinta a la mía en el caso de los políticos catalanes, que ya están todos fuera de prisión. Lo que me resulta indecente es que esa posición de ahora –muy distinta al vehemente rechazo de Sánchez durante la campaña de las elecciones de 2018– se modifique no por motivos de justicia o carácter humanitario, sino atendiendo a la mera conveniencia política de Sánchez.
Aquí no se trata de serenar la situación en Cataluña –la mayoría de los catalanes no independentistas se sentirán agredidos por el indulto–, sino de ceder ante la presión del ala podemita del Ejecutivo y de los socios parlamentarios independentistas. Al indultar a los presos, lo que hace Sánchez es darle cuerda a su Gobierno y a sí mismo.
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