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OPINIÓN | Lo que nadie dice | Baja temeraria, aquí Santa Cruz | Pablo Zurita

Incumplimiento. Sudó tinta el concejal de servicios públicos, el popular Díaz Guerra, en la última comisión de control para dar cuenta del contrato que ejecuta Valoriza, el nuevo concesionario de la limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz. Vaya marrón para el PP, vaya pacto envenenado: devolver a Coalición Canaria a la alcaldía a cambio de esa concejalía, después de una licitación más que polémica cerrada en la prórroga. Esfuerzo ímprobo tratar de reconducir un contrato adjudicado en baja temeraria con informe en contra de los ingenieros del propio ayuntamiento.

Irrelevante. Empezó el relato don Guillermo que refrendaba -punto por punto- las deficiencias y previsibles incumplimientos que detectaron y plasmaron en sus informes los técnicos encargados de evaluar las ofertas. Deficiencias que Dámaso Arteaga, entonces concejal responsable, y José Manuel Bermúdez, entonces alcalde, consideraron que no eran suficientemente relevantes como para inadmitir la propuesta de Valoriza en baja temeraria. Está ocurriendo lo que los expertos dijeron que iba a ocurrir. Los datos dejan muy bien a los ingenieros de la casa, dejan muy mal a los señores Arteaga y Bermúdez y dejan completamente desamparados a los vecinos de Santa Cruz que sufrimos una malísima decisión de la que ellos son responsables como se constata.

Minucias. Quejas con los contenedores en la vía pública, explicó Díaz Guerra. Pues claro, es que Valoriza presentó “la oferta con menor volumen de contenerización prevista” de las cinco empresa que participaron en la licitación. El entrecomillado es del informe suscrito por el equipo del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos, disponible en la web municipal. Menor número de contenedores, más distancia desde los domicilios, incomodidad para los vecinos. Tartamudeaba el concejal al intentar justificar lo injustificable. Quejas también con la retirada de muebles usados, un incremento producto del confinamiento, aclaró, aunque en enero hubo 130 incidencias, solo de este servicio, antes de. Y tampoco explicó que los técnicos municipales habían dictaminado al analizar esa propuesta que “sobre el indicador de calidad de residuos voluminosos y escombros, se estima que la oferta no puede ser cumplida”, cita del referido informe. Valoriza no dispone de medios suficientes para realizar ese servicio, no ya en una situación especial, que se podría entender, ni siquiera de ordinario. No poder cumplir la recogida de enseres, una minucia irrelevante para Dámaso Arteaga.

Imposible. No podemos culpar al actual concejal de servicios de las 4.350 quejas respecto al servicio que los vecinos de Santa Cruz formularon en los primeros 11 meses de 2020. Una media de 395 mensuales -diez veces más de las 40 que prometió Valoriza- y que Coalición Canaria aceptó aunque los funcionarios municipales certificaron que con “las medidas propuestas que se detallan sobre el indicador de calidad del número de incidencias del servicio, se estima que la oferta no puede ser cumplida”. Y efectivamente no se cumple. Desde la oposición alguien pidió reforzar con más medios, una opción inviable jurídicamente que destapa un modus operandi: baja temeraria para entrar y más dinero para cumplir.

Por qué. Completó su comparecencia Díaz Guerra dando cuenta de las sanciones impuestas a Valoriza, que han llegado a alcanzar los 60 mil euros mensuales. Nadie preguntó en qué invirtió Valoriza los 210 mil euros anuales que ofreció para la concienciación ciudadana ni cómo van los porcentajes de reciclaje que prometió, cuestiones decisivas para la elección del contratista. Pudiera parecer un problema sobrevenido «Santa Cruz está sucia», pero no es así. Las deficiencias detectadas son consecuencia de una decisión política -esa adjudicación- que tiene responsables. En la comisión nadie exigió que Coalición Canaria asuma esa responsabilidad. Faltaron, faltan, esas explicaciones.

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