FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Coglioni | Francisco Pomares

Torres se decidió ayer y adelantó el envío al Boletín Oficial de Canarias del decreto que autoriza el uso de los test de antígenos para el control de la llegada de turistas internacionales. Torres cumple con lo que anunció el pasado lunes –que sacaría el decreto–, y se adelanta incluso a su propio Consejo de Gobierno, a celebrar hoy.

Lo cierto es que es difícil no aplaudir la decisión de Torres, o al menos no sentir simpatía por una decisión que –aún a riesgo de bordear las competencias presidenciales– vienen reclamando el sector turístico en pleno y el sentido común: los test de antígenos son fiables, están aceptados por la mayoría de los países europeos, son baratos y –sobre todo– son muy rápidos.

De hecho, el sistema de control de turistas internacionales aprobado por el Gobierno Sánchez otorga a los test de antígenos un papel secundario en el control de llegadas: los turistas no españoles deben proveerse de un test PCR para poder desembarcar en cualquier puerto o aeropuerto o pasar las fronteras del país, pero una cosa es exigir el test y otra cosa comprobar quién se lo ha hecho, algo que es materialmente imposible incluso hoy, con los tráficos de turismo reducidos a la décima parte de su frecuencia prepandemia.

Para ofrecer una cierta consistencia a la obligación de realizarse el test PCR, se aplican algunos controles aleatorios a los turistas, y si no los aportan, entonces se les obliga a pasar un test de antígenos en el propio aeropuerto, puerto o frontera. Dicho de otra manera: lo que no sirve en primera instancia, sí nos sirve en segunda, en una chocante e inexplicable contradicción.

Porque si los test de antígenos no son suficiente garantía para entrar en España, tampoco deberían serlo para permitir la circulación por el país de un turista que ya ha entrado.

En la práctica, se permite el test de antígenos como prueba de repuesto ante la ausencia de PCR porque es más rápido tener los resultados del de antígenos –está en pocos minutos– que el PCR –como mínimo un día–. Y nadie sabría qué hacer con los turistas parados en un control de fronteras, si tuvieran que esperar hasta 24 horas para poder acreditar un diagnóstico.

Por eso, Torres ha establecido por decreto el cierre perimetral de la región para que se pueda regular el acceso a las islas también directamente con antígenos.

Torres cree que no es ilegal decretar en abierta contradicción con el Gobierno Sánchez, y se inventa varios argumentos: lo hace porque él es la autoridad competente delegada en la aplicación del Estado de Alarma, porque Canarias es Región Ultraperiférica, porque tenemos un Estatuto de Autonomía; porque se siente respaldado por los técnicos de Salud Pública y microbiología; y también porque ya hay un decreto ley previo que autoriza los test de antígenos en los hoteles de Canarias. O sea, y en resumidas cuentas: lo hace per i miei coglioni. A veces conviene.

Con las prisas, a la secretaria general de Presidencia le se volvió a escapar otra errata en el decreto, y van… Se refiere a la temperatura corporal límite, que debe ser de un máximo no de 37,5 grados centígrados, sino del 37,5%, que es la graduación alcohólica de un buen ron blanco. En fin, brindemos a la salud de Torres: por echarle narices.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario