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OPINIÓN | Chapuzas Pestana | Francisco Pomares

El concejal Santiago Pérez, responsable de Urbanismo de La Laguna, ordenó ayer la paralización de las obras que el Ministerio de Defensa realiza en los cuarteles de Las Canteras y Las Raíces, para albergar un total de 3.250 inmigrantes irregulares, de acuerdo con las previsiones avanzadas por el Ministerio a los medios de comunicación. Quien quiera sacarle lascas a esta decisión, podrá discutir la contradicción que supone con sacar pecho a todas horas presumiendo de política progresista y de la necesidad de atender a los migrantes como es debido. Pero lo cierto es que al Ayuntamiento de La Laguna le asiste toda la razón legal cuando plantea que las obras en los cuarteles no pueden realizarse sin licencia, que las licencias deben corresponderse con el planeamiento, y que La Laguna no tiene por qué asumir la carga que supone instalar en su territorio la mitad de los inmigrantes que hay que mantener en Canarias.

Si esta última consideración puede ser discutible –siempre habrá gente que considere que La Laguna es un sitio tan adecuado para albergar más de tres mil emigrantes en campamentos del Ministerio de Defensa, como lo es para albergar a veintemil estudiantes en su Universidad–, lo cierto es que las leyes y normas urbanísticas vigentes dan a Pérez la posibilidad de defender su criterio. Y lo ha hecho: ha comunicado al Ministerio que las obras que se realizan en ambos cuarteles necesitan de una autorización urbanística que ni siquiera se ha solicitado, y además persiguen “un uso no previsto y no compatible con la ordenación” del municipio, por lo que –al tiempo que comunicaba la paralización– Pérez ordenó el precinto de las instalaciones para garantizar que las obras no continúen. Y a esperar la respuesta del Ministerio, que es de suponer que tendrá que empezar un procedimiento contencioso administrativo.

La ley nacional del Suelo establece la posibilidad de que en situaciones de emergencia –y no creo que nadie pueda dudar de que esta lo es– el Gobierno de la nación puede intervenir con acciones urgentes, pero Pérez considera que se requiere licencia urbanística y es necesario remitir el proyecto al Ayuntamiento, que dispone de un plazo de hasta un mes para informar sobre si los usos previstos son compatibles con el planeamiento municipal. En realidad, supongo yo que si la crisis del Covid se extendiera aún más entre la población y hubiera que habilitar en los cuarteles hospitales de campaña para atender a los enfermos, no habría ni licencia municipal ni planeamiento capaz de evitarlo. A veces los gobiernos pueden –y deben– forzar o suspender la legislación en defensa del interés común, pero creo yo que en esta ocasión lo que va a suceder no va a ser eso. Si el Gobierno insiste en instalar a más de 3.000 inmigrantes en La Laguna, va a tener primero que negociar con el Ayuntamiento –con alcalde del PSOE–, y probablemente seguir los trámites, empezando por pedir las licencias de obra preceptivas.

Por lo que parece bastante probable que el Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, tenga que comerse de nuevo sus palabras: ayer aseguró que antes de que acabe el mes de diciembre, los inmigrantes ya no estarán en los hoteles. Creo que es una nueva declaración en falso, otra demostración del estilo chapucero con el que se viene actuando en todo: probablemente haya en estos momentos más de 5.000 inmigrantes en hoteles. Y sin cuarteles disponibles va a ser muy difícil, imposible diría yo, ubicarlos en otro lado.

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