OPINIÓN | Milongas y tweets | Francisco Pomares

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Los hechos de los que habría tenido que responder la consejera Santana si hubiera aguantado en la Comisión de Derechos Sociales son terribles: 2.747 personas han fallecido este año, 1.890 aún pendientes de valorar, muchas de ellas con más de 80 años, y 857 con el derecho ya reconocido.

Han muerto 31 personas en residencias, por covid, y 460 mayores han fallecido sin explicación, un 20 por ciento más de mortalidad entre la población mayor que la habitual, del pasado marzo a julio.

¿Y qué hace la consejera? Pide ayuda a los grupos para que el Gobierno le asigne más dinero. No se lo han dado: quizás en Hacienda se resisten porque Derechos Sociales es incapaz de ejecutar su presupuesto. A 19 de octubre habían gastado cero euros del 1.200.000 previstos en 2020 para crear el historial social único, la herramienta que facilitará los trámites y acortará los plazos de espera.

Pero eso no explica que Román Rodríguez haya dispuesto para 2021 subir más dinero para la tele canaria de lo que supone el incremento en Derechos Sociales. En un año en que miles de personas van a pasar –de verdad– hambre.

En fin: ocurrió ayer por la mañana en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento, donde compareció, invitada por la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, la directora de la asociación de cuidadores, familiares y amigos de personas dependientes, con Alzhéimer y otras demencias seniles. La señora Elena Felipe encaró su intervención sobre la situación en la que se encuentran hoy los dependientes y sus cuidadores, alegando que se sienten –cito textualmente– “desolados, desamparados, defraudados y desahuciados del sistema de protección social, abandonados a nuestra suerte”.

Fue sólo el comienzo de una intervención demoledora, en la que la señora Felipe desmontó uno a uno todos los argumentos triunfalistas que en estos meses, y de forma sistemática, se nos han vendido desde la Dirección General de Dependencia, de la que es responsable Miguel Montero, que ayer ni se dignó estar presente durante el alegato de la directora de Acufade.

Tampoco estuvo la jefa de Montero, Noemí Santana, que hizo mutis por el foro y abandonó la sala antes de que comenzara a hablar Felipe, que desgranó el sinsentido y la crueldad de las decisiones adoptadas –y mantenidas– desde el inicio de la pandemia, como el cierre de los centros de día, la suspensión de las prestaciones domiciliarias, la negativa a seguir ofreciendo la asistencia terapéutica, y el extraordinario dolor y sufrimiento provocado a dependientes, cuidadores y familiares, al permitir que cada día que ha pasado desde la adopción de esas medidas, la enfermedad haya ganado terreno.

La compareciente recordó también que nadie del Gobierno se ha sonrojado, nadie ha pedido disculpas por los muertos en las residencias, y que 14 años después de la ley de Dependencia, la situación de los dependientes es peor que nunca, por el sentimiento de indefensión, de abandono y ultraje. Es solo un botón de muestra de la causa de quejas y reproches que ayer se hizo –en ausencia de Noemí Santana y de su segundo en Dependencia– a la política de un departamento que lleva meses presumiendo de haber resuelto el problema.

En realidad, lo único que se ha hecho ha sido concentrar al personal en resolver trámites, para poder incorporar al listado de personas atendidas, unos expedientes que luego no se atienden. Ni los nuevos, ni tampoco los antiguos. Eso, y escribir miles de tweets desde perfiles oficiales o falsos. En eso sí que son unos máquinas.