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CABILDO | CC rechaza la Ley Celaá y reclama al Gobierno central los 45 millones para las infraestructuras educativas

La portavoz adjunta, Verónica Meseguer, defiende la libertad de elección de las familias y señala que la nueva ley pretende imponer un pensamiento único y sectario

EBFNoticias | El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife muestra su rechazo a la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno de España –conocida como Ley Celaá- y reclama que se dote con 45 millones el Plan de Infraestructuras Educativas, que en estos momentos carece de financiación.

La portavoz adjunta, Verónica Meseguer, defiende “la educación pública, universal y gratuita, pero desde el respeto al principio constitucional que reconoce el derecho a la libertad de elección, por lo que estamos en contra de la Ley Celaá. El PSOE y Podemos están limitando  el derecho a las madres y padres de elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos”.

Verónica Meseguer recuerda que el Pleno del Cabildo aprobó una moción el pasado viernes rechazando la Ley Celaá “porque es una ley ideológica que quiere imponer el pensamiento único y sectario. Está tramitada sin el consenso de la comunidad educativa, ya que no han permitido que comparezcan profesionales para aportar su punto de vista, y limita la libertad de elección”.

Para la portavoz adjunta de CC-PNC en el Cabildo, lo importante es que el Gobierno de España dote el Plan de Infraestructuras Educativas para Canarias con 45 millones de euros, ya que en estos momentos carece de financiación. “Necesitamos que el Gobierno de España incluya esas partidas en los Presupuestos Generales del Estado para que Tenerife tenga centros educativos acordes a las necesidades de nuestra comunidad educativa”.

Verónica Meseguer también critica el tratamiento que la Ley Celaá da a los centros concertados y la educación especial y recuerda que fue el PSOE el que estableció la educación concertada en 1985: “La aprobación de la Ley Celaá solo responde a un criterio político, el de contentar a sus socios de gobierno, y no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad educativa. Los centros concertados tienen una indudable dimensión pública y las familias deben tener libertad para elegir. El gasto de la educación concertada es el 12,5% del presupuesto total, pero el PSOE y Podemos la están demonizando para poder instaurar el adoctrinamiento”.

En cuanto a la educación especial, la consejera nacionalista señala que “es un colectivo que necesita unos recursos específicos que el sistema no les va a proporcionar. Es un error que desaparezca e incluirla en el sistema general porque estamos hablando de personas que requieren de un profesorado especializado y una dedicación exclusiva”, finaliza Verónica Meseguer.

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