FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Una ley que no resuelve nada | Francisco Pomares

El boletín oficial del Parlamento de Canarias publicó ayer el proyecto de Ley de modificación de la ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de la Comunidad Autónoma, uno de esos proyectos de ley cuya función principal es permitir al Gobierno modificar las reglas de juego establecidas por otro gobierno un tiempo atrás.

Sin embargo, la ley que ahora se pretende modificar fue aprobada por un inusitado consenso parlamentario en diciembre de 2014, con el objetivo obvio –y declarado– de limitar los poderes y competencias del director general de la televisión canaria, tras casi ocho años en los que Willy García, investido de poderes absolutos y contando con el respaldo total del presidente Rivero, hizo en la tele exactamente lo que se define como “abusos deshonestos” en el antiguo Código Penal.

Al final, con Rivero ya en fase de liquidación por su propio partido, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en un proyecto que en aplicación de la ley del péndulo limitaba la capacidad de gestores y administradores de la tele para hacer su tarea, hasta el mismo límite de lo absurdo. Con esa ley, que establecía una total bicefalia entre el director general y/o administrador único y el órgano de control político del Ente, pomposamente denominado Consejo Rector, la Televisión Canaria fue abandonada a su suerte y se permitió la canibalización de su director por la productora adjudicataria, en pleno proceso de readjudicación del más jugoso de los contratos públicos entre el Gobierno y un proveedor mediático.

La historia de lo que ocurrió después es conocida: el director fue salvajemente sacrificado, y para sustituirlo se colocó al frente de la televisión a Francisco Moreno, un gestor con pedigrí y talento para la mediación, que recibió el encargo de relajar la tensión mediática en torno a la tele, y mantener el ‘statu quo’.

La cuestión es que el actual proyecto supone una nueva huida hacia delante: no sirve para resolver el mayor problema de la ley anti-Willy de 2014, que es la dificultad de articular la cogobernanza entre el director general y su Consejo (ahora rebautizado Junta de Control), que impida el permanente conflicto competencial. Eso sí, permite resolver los apuros legales del actual administrador con los dos contratos que se citan en la ley, el de distribución de señal y el de alquiler de los locales de la tele a la anterior adjudicataria, con el que José Carlos Naranjo pactó la tregua aún vigente con el adjudicatario, tras declarase suspendido el concurso de producción y optarse desde el Gobierno por una fórmula poco clara para reconvertir a la mayor parte de los empleados de la productora en empleados instalados en algún lugar entre el limbo y el paraíso prometido de lo público.

La propuesta de ahora otorga mayor autoridad para contratar al tipo que manda, pero –sobre todo- aumenta a siete el número de miembros de la Junta de Control, para garantizar en ella una mayoría progubernamental, difícil de conseguir con sólo cinco puestos.

Pero la ley no resuelve ningún problema de fondo: no define el modelo, no regula la coordinación entre director general y Junta de Control, y no resuelve el papelón de centenares de empleados colgados de la nada. Sólo sirve para que quien mande en la tele pueda contratar a quien quiera sin acabar en los juzgados.

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