Siverio exige a Fidela Velázquez, una vez más, que cumpla la sentencia judicial que la inhabilita para ejercer cargo público y hace un llamamiento a evitar polémicas estériles y ofrecer coherencia y compromiso con el pueblo de San Juan de la Rambla.
«No se puede soportar ni un minuto más la situación de inhabilitación y desgobierno que esta situación supone para San Juan de la Rambla», reafirma.
«El partido socialista ramblero lo sabe: nuestra condición para continuar en el gobierno es que Fidela Velázquez cumpla con lo que dice la ley y dé un paso a un lado para facilitar el nuevo tiempo político. San Juan de la Rambla necesita un gobierno local estable y que ofrezca a la ciudadanía seriedad y compromiso con la difícil situación que estamos atravesando», apunta el portavoz.
La organización ecosocialista recuerda al PSOE ramblero que su participación en el gobierno municipal «está motivada por nuestra intención de ejercer las competencias con las que se puede mejorar la vida de la gente; si no tenemos competencias, no podemos ejercer la labor de gobierno para la que hemos sido elegidos y es por ello que hoy hemos presentado oficialmente en el ayuntamiento la renuncia a percibir el salario mientras no nos sean devueltas nuestras competencias», zanja Siverio de manera contundente.
Así mismo añade, «es sumamente paradójico que haya sido AUP-Sí se puede, a quien hoy Fidela Velázquez revoca las competencias y la tenencia de alcaldía, quien en 2015 permitió su investidura como alcaldesa estando el PSOE en minoría».
Velázquez está condenada a la pena máxima por el delito de prevaricación, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, desde principios de este mes de noviembre por sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife. También fueron condenados a penas de siete años de inhabilitación dos de los concejales socialistas que participaron con Velázquez en la decisión que ha quedado demostrada ante los tribunales: haber indemnizado con 4220 euros al medianero de un terreno adquirido por el ayuntamiento en 2005, en contra del criterio del secretario y del interventor de la corporación.
Velázquez fue condenada a un año más de inhabilitación por haber firmado, un día antes de la moción de censura de 2013, un decreto de pago a trabajadores municipales por horas y servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento legal establecido.