No era poco lío el de Arona, y el PSOE tinerfeño se embarca en otra demencial operación de autoderribo. La voladura es esta vez en Tacoronte, donde tres de los cinco concejales –los otros dos son independientes y no pueden ser expulsados del PSOE, porque no son militantes– han sido expedientados por la Ejecutiva regional, a propuesta de la insular.
La decisión se produce ahora, más de año y medio después de los hechos que teóricamente la provocan, por la decisión de la Ejecutiva local de pactar con Nueva Canarias y Si se Puede para convertir al candidato de los nacionalistas –Daniel Díaz– en alcalde time-sharing durante la mitad del período de mandato.
Aquel acuerdo municipal fue firmado contra el criterio del secretario general del PSOE tinerfeño, Pedro Martín, que aspiraba entonces a la presidencia del Cabildo, y había pactado con Enrique Arriaga, de Ciudadanos, el apoyo de este partido a la moción de censura contra Carlos Alonso, a cambio de convertir a Virginia Bacallado –una ex concejal de Coalición Canaria presentada en las listas de Ciudadanos– en alcaldesa de Tacoronte.
Los concejales socialistas se pasaron las instrucciones de Pedro Martín por el arco de triunfo, alegando reticencias éticas y que los estatutos del PSOE deslegitiman los pactos en cascada. En realidad el mandamás del PSOE en el municipio, Carlos Medina, cerró un acuerdo con Nueva Canarias que le convertía en vicealcalde, y en futuro edil principal a mitad de mandato.
El resto de la historia es conocida: el PSOE acabó cerrando su pacto floral con Nueva Canarias, Podemos y Curbelo, que convirtió a Ángel Víctor Torres en presidente del Gobierno y a Román Rodríguez en su vicepresidente.
Probablemente habría sido el momento idóneo para olvidar la desobediencia de los socialistas de Tacoronte, sintonizar con los nuevos tiempos y aquí paz y en el cielo gloria. Más aún cuando la indisciplina de Medina y los suyos no impidió la censura a Alonso.
Arriaga cerró con Pedro Martín la presidencia del Cabildo, a cambio de quedarse con una buena parte de las competencias del Cabildo, y el PSOE –con Torres fuerte en la presidencia del Gobierno, y el control de las más importantes alcaldías de Tenerife–, comenzó a disfrutar de su etapa de mayor concentración de poder en la isla. Lo razonable habría sido aplicar aquello de «pelillos a la mar» y no dispararse otro tiro en el pie.
Pero algo ocurre en el PSOE tinerfeño que el partido parece más bichado que un termitero del menceyato: el 15 de octubre, Medina y los suyos recibieron el pliego de cargo redactado por el abogado Manuel Fajardo Palarea, en el que se les acusa de faltar a los acuerdos o resoluciones del partido, y de ser responsables del «grave deterioro de la imagen del partido» en Tacoronte y Tenerife.
Medina se enfrenta así a una orquilla de penas que van desde la suspensión de militancia e inhabilitación para el ejercicio de cargo público u orgánico, hasta la expulsión. Y son muchos los socialistas que se preguntan de que sirve ahora liquidar políticamente a alguien por haber suscrito en su pueblo el mismo acuerdo que Torres cerró en Canarias.
¿Será que no es ese el motivo?
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