FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Aquel otro carnaval | Francisco Pomares

A pesar de la que está cayendo por todas partes, la obligada suspensión del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue siendo cuestionada por algunos fanáticos. Se trata de algo absurdo: celebrar el Carnaval en las actuales condiciones sanitarias no solo sería ilegal, sería suicida.

Ya fue un despropósito mantenerlo contra viento y calima el año pasado, y ahora no se trata de una de opinión subjetiva, destinada a criticar las decisiones de la entonces alcaldesa y su concejal de seguridad.

Se trata de las conclusiones de una investigación accesible desde el 31 de octubre, y elaborada por un grupo de expertos, sobre un proyecto desarrollado por Laura Tomaino y Lluis Serra-Majem, que establece que la no cancelación en Santa Cruz de Tenerife de las celebraciones del Carnaval durante la tormenta de arena que sepultó Canarias entre el 22 y el 24 de febrero de 2020 explica las diferencias en la incidencia acumulada del Covid-19 en ambas islas.

El informe –que al decir de Serra tuvo que sortear presiones políticas para ser publicado– no entra a valorar la decisión adoptada por el equipo de Patricia Hernández, solo se refiere a lo que esa decisión provocó.

Pero conviene recordar que mantener la fiesta supuso el inicio de la crisis entre la entonces alcaldesa y el concejal Juan Ramón Lazcano, que acabaría provocando la dimisión de este y la posterior moción de censura contra Hernández.

En efecto, según declaraciones de Lazcano, publicadas después de la censura, el concejal se opuso en la Junta Local de Seguridad, de la que formaba parte, a mantener la celebración de los carnavales, aunque no se le hizo ningún caso. Cuando Lazcano planteó su propuesta, considerando que la calima había provocado un índice de partículas en suspensión muy superior a los máximos permitidos, ya se habían suspendido los Carnavales en Las Palmas de Gran Canaria y en todas las islas, Tenerife se enfrentaba a fuertes incendios, y el nivel de contaminación era altísimo.

Aun así, el concejal Florentino Guzmán, siguiendo instrucciones de la Alcaldía, desoyó los avisos de la Agencia Española de Meteorología y las declaraciones de alerta de la Dirección General de Salud y Emergencias del Gobierno de Canarias y decretó la desactivación del Plan de Emergencias Municipal, dando por concluida la situación de alerta en Santa Cruz.

Tanto el Cabildo de Tenerife como la Consejería de Sanidad se desentendieron de esa decisión y recomendaron a los tinerfeños no salir a las calles ni participar en los actos del Carnaval, lo que incluso provocó una algarada política entre la alcaldesa y el presidente del Cabildo, Pedro Martín.

Algunos meses después, tras el disparo de la pandemia, y constatarse la desigual incidencia de la enfermedad en Tenerife y Gran Canaria, una asociación de abogados denunció la autorización para celebrar el Carnaval de día, y pidió a la Justicia que investigara la actuación de Guzmán, alegando que podía haber cometido un delito de prevaricación al suspender la emergencia local. La denuncia no fue admitida a trámite, pero el informe que ahora se difunde, a toro pasado, les ha dado la razón.

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