FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Un paso hacia la normalización turística | Salvador García Llanos

En algún lado hemos leído que se trata, poco menos, de una obra de ingeniería jurídica y lo cierto es que por fin hay un soporte con el que proceder a un control sanitario para los turistas o viajeros que pretendan venir a Canarias para alojarse en un hotel, vivienda vacacional o apartamento de las islas. Sería la primera comunidad que dispusiera de ese operativo: recordemos que no puede imponer directamente un test al viajero procedente del resto de España o de otro país.

Eso significa que Canarias modificará por la vía de urgencia su legislación con el fin de garantizar que los turistas que recibe estén libres de COVID-19. En cuestión de días ningún viajero será admitido en un establecimiento alojativo (hotel, apartamento o vivienda vacacional), sin una PCR o una prueba de antígenos negativa hecha con una antelación máxima de setenta y dos horas. El importe de los test los abonará el viajero, tanto si se somete a la prueba en su país como si llega a la recepción del hotel sin ella. Entonces, desde allí será trasladado a un centro sanitario, clínica o laboratorio de las islas que se la haga.

La Comunidad Autónoma, como decimos, modifica dos de sus leyes específicas: la de Ordenación del Turismo y la de Actividades Clasificadas. Ahí estriba la ingeniería un decreto-ley dado a conocer al Consejo Asesor del presidente en el que se integran las organizaciones empresariales, sindicales y en esta ocasión las cuatro patronales turísticas y los representantes de los cabildo insulares.

Con el apoyo unánime de este órgano asesor, el Gobierno inicia la tramitación del decreto ley con el propósito de aprobarlo esta misma semana. La normativa entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque luego tenga que recibir obligatoriamente el refrendo del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el ejecutivo autónomo también quiere preservar el «derecho a la información» de sus turistas de cualquier país y dará un plazo de unos días, aún por definir, pero nunca más de 15, para que esta normativa llegue a toda Europa a través de los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas, de forma que todo el mundo conozca que necesita un test.

Bien: pues se trata de otro paso –importante, desde luego- para recuperar el pulso turístico. Si se trataba de encontrar un soporte jurídico, ya se tiene. El freno a los test en origen, pese a la insistencia de autoridades y a la presión de los agentes del sector, fue reiteradamente aplicado en distintas instancias nacionales nacionales y europeas. Parece que empieza a ser superado. La consejera del ramo del Gobierno canario, Yaiza Castilla, ha explicado que el decreto ley hace referencia a los «turistas», ya sean españoles o de otros países, porque ese es el ámbito en el que puede legislar dentro de sus competencias autonómicas; pero el presidente Torres ha precisado que el Gobierno de Canarias no descarta buscar una fórmula para el resto de viajeros que lleguen a las islas sin tener como destino un hotel o un apartamento, aprovechando el paraguas del estado de alarma. Es una previsión acertada porque no solo persiste el miedo sino la tentación de colarse. Y ya se sabe que hay mucha irresponsabilidad.

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