FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | 0,9 | Francisco Pomares

Antes de que algunos se enfaden por lo que voy a decir, tengo que contar que, además de cotizar como autónomo a tiempo completo, soy profesor universitario y, por tanto, empleado público al 50 por ciento de mi tiempo.

La subida del 0,9 por ciento que ayer anunció la ministra Darias me afecta personalmente y es la única subida que mis retribuciones experimentarán este año. Como autónomo, la pandemia y el confinamiento me supondrán una pérdida de ingresos de entre el 60 y el 70 por ciento. No es el mío un caso único: algo parecido le sucederá a taxistas, profesionales, emprendedores y pequeños empresarios.

Por eso, no debería quejarme de que el Gobierno haya decidido subir mi retribución como funcionario un 0,9, debería estar muy contento por un aumento que me supone un incremento de poder adquisitivo de entre un 2,2 y un 1,4 por ciento, según se calcule sobre el IPC interanual de octubre a septiembre o de enero a septiembre. Estoy satisfecho de esa pequeña subida, como supongo debían estarlo los diputados cuando esperaban aumentar sus salarios en ese mismo porcentaje, o como deben estarlo la mayoría de los 3.250.000 trabajadores de las Administraciones públicas, que le costamos a nuestros conciudadanos 130.000 millones.

No parece tanto dinero, si se piensa que España terminó 2019 con 42.300 empleados públicos más de los que había al acabar 2018 y con 327.000 más de los que había a finales de 2014, el año en el que se dio oficialmente por terminada la crisis de 2008.

Desde que empezó esa crisis y hasta el año pasado, el sector privado perdió más de medio millón de puestos de trabajo, mientras que el sector público crecía en 284.000 empleos. En relación a la crisis de ahora, mucho más grave, las cosas se complican: es incierto calcular la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, pero ya sabemos que el público se ha disparado, y con él, el gasto para pagar sueldos, incluyendo ahora esta subida del 0’9.

Consciente de esa situación, el Gobierno esperaba conseguir la congelación salarial en el sector público el próximo año y, quizá, el siguiente, lo que supondría un ahorro de cerca de 30.000 millones, pero Pablo Iglesias convirtió el asunto en una de las líneas rojas del pacto e impuso la subida a cambio de ceder en el aumento de impuestos que pretendía. Pero para hacer frente a la situación creada por la pandemia, es necesario o subir los ingresos o bajar los gastos.

Lo contrario supone posponer la solución a cuando el problema sea aún más difícil de resolver y –como se hizo también en la crisis de 2008– la decisión ha sido dar una patada hacia adelante. Dentro de unos años no se congelarán los sueldos. Habrá que reducirlos.

Hasta entonces, es cierto que se inyecta dinero en la economía, pero se está creando una sociedad de dos velocidades, fraccionada entre empleados públicos –más y un poco mejor pagados que el año anterior– y privados que gastan todos los años 7.000 euros –sí, 7.000– de sus salarios reducidos un 30 por ciento para sostener el empleo público.

Y esa cantidad no ha dejado de crecer, porque cuando empezó la pandemia dos de cada diez trabajadores por cuenta ajena eran públicos, pero la relación crecerá a tres trabajadores de cada diez antes de que la enfermedad se contenga.

Es difícil imaginar cuánto podrá aguantar esto.

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