FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

OPINIÓN | Los delitos imputables a las empresas | Juan Miguel Munguía Torres

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ha llegado para quedarse, sino que, además, va en aumento. Los mandatos de la Unión Europea, a través de sus directivas, obligan a España a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas para nuevos delitos. Así, la reciente reforma del Código Penal (aprobada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero) recoge en síntesis, el de comunicación ilícita de información privilegiada, todos los delitos de malversación y todos los delitos de terrorismo.

Hasta ahora, las empresas respondían por los delitos de alteración de precios y de abuso de información privilegiada en el mercado bursátil; ahora se añade al elenco el delito de la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores.

Igualmente, la responsabilidad de las organizaciones se extiende ahora a todos los delitos de malversación, es decir, pueden ser condenadas por administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público, falseamiento de la contabilidad de entidades públicas por autoridad o funcionario.

Las organizaciones deben, por tanto, implantar programas de compliance penales que prevengan, exoneren o atenúen la responsabilidad, tanto a las entidades como a sus administradores, órganos directivos o empleados.

De referencia a lo expuesto, una Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona condena a una empresa por fraude fiscal en grado de tentativa. Además de las condenas a las personas físicas, se condena a una empresa a pagar dos multas de 60.000 €, así como dos penas de año y medio de prohibición de recibir beneficios o incentivos fiscales y de seguridad social. Es clara y contundente la sentencia sobre la necesidad del plan de prevención penal cuando indica que la empresa “no adoptó ningún modelo de organización y gestión que incluyera las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.”.

La legislación, por lo tanto, va claramente encaminada a endurecer el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en alianza con la reciente jurisprudencia que cada vez está imponiendo multas más elevadas.

 

munguia@munguiaabogados.com

 

 

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