La ministra Isabel Celaá decidió, a principios de esta semana, pasarse la Lomce por el refajo. Aprovechando la situación de excepcionalidad que ha provocado la pandemia, su decisión ha pasado sin apenas una queja pública: en este país podemos montar una carajera de muerte a cuenta de una declaración políticamente incorrecta o por un lapsus de un ministro, pero a las cosas que pueden cambiarnos la vida, a las realmente importantes, les damos muy poco valor.
La ministra ha decidido que en este curso académico se pueda promocionar sin límite de suspensos. La decisión se sustenta en un real decreto aprobado el martes en Consejo de Ministros, que contradice una ley de rango superior, la Lomce, vigente. A partir de un acuerdo con las comunidades autónomas, suscrito en abril, serán los profesores los que decidan –alumno por alumno– con cuántas asignaturas suspendidas podrá superar curso un chico poco aplicado o con dificultades, en contra de lo que dice la ley Wert de 2013, que establece que en la ESO no se puede promocionar con más de tres suspensos y en Bachillerato, con más de dos.
El Ministerio ha explicado que se trata de una decisión coyuntural, regulada por el real decreto, que contempla medidas extraordinarias para que se adapten «los criterios de evaluación, promoción y titulación» en todas las etapas y que sean los gobiernos regionales los que autoricen el cambio de esos criterios para adecuarlos a la situación provocada por la pandemia.
Cuando la decisión se adoptó en abril, para hacer frente al desastre educativo que iban a ser las clases virtuales, fue criticada por los docentes, inspectores y sindicatos, que denunciaron que no se podía cambiar por real decreto una ley orgánica. El PP presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, admitido, no así las medidas cautelarísimas para evitar su aplicación. Y ahora, se aprovecha este nuevo decreto para acabar con los contenidos mínimos, regulados por el Estado, considerados sólo ‘orientativos’ y no obligatorios. Se trata de meternos por la puerta falsa otra concesión a los socios separatistas del Gobierno Sánchez. Hasta ahora, todos los alumnos españoles tenían que estudiar un currículo mínimo común en todas las regiones. Ahora hacerlo o no pasa a ser decisión de las Autonomías. Es la entrega de la Educación a los prejuicios identitarios y al nacionalismo.
No es sorprendente que la decisión haya sido adoptada con satisfacción por la mayoría de las consejerías de Educación de las regiones, instaladas todas ellas en el papanatismo aldeano y la celebración acrítica de lo propio. Lo extraño es que esta ilegalidad manifiesta, realizada por decreto, no sea recurrida inmediatamente ante los tribunales. Que los hijos de la nación corran el peligro de volverse más ignorantes y más tribales es algo que no parece preocupar mucho a nadie.
Para afrontar su futuro incierto, a los políticos les basta con repetir el mantra de que esta generación es la más preparada de la Historia, algo tan falso como que nuestra Sanidad es de las mejores del mundo. Puede que lo sea el sistema universal de acceso a la asistencia sanitaria, pero no los servicios que presta, ni su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia como la que hemos vivido, mucho mejor gestionada en otros países menos presumidos que nosotros. Y en cuanto a nuestro sistema educativo, modificado sin el más mínimo debate público, no creo que con estos cambios a escondidas se consiga educar ciudadanos mejores, más preparados, tolerantes y libres. Ni menos burros. Más bien todo lo contrario.
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