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OPINIÓN | Trilerismo con la regla | Francisco Pomares |

Ministra Montero

Este es un país de trileros: hay que andarse con mucho ojo y no fiarse ni de la propia sombra, no vaya a ser que te levante la cartera. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró ayer a La Sexta que su Ministerio había decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria este año (ya veremos lo que pasa el próximo, aunque la ministra parece ahora partidaria de que el próximo también), para que los Ayuntamientos puedan disponer del superávit que parte de ellos tuvieron en los ejercicios de 2018 y 2019.

Es sabido que la famosa regla de gasto es un mecanismo de control presupuestario que se aprobó en tiempos de Montoro para evitar que las corporaciones públicas no se gasten más de lo que consiguen cobrar en impuestos y tasas.

Los ayuntamientos más cumplidores, o mejor colocados, han conseguido ahorrar en los 12 años que han pasado desde que se implementó la medida, y gracias al estricto cumplimiento de la regla, unos 14.000 millones que les vendrían muy bien para hacer frente a la situación terrible que hoy vive la mayoría de los municipios como consecuencia de la pandemia. Pero eso no va a ocurrir. Que no se engañe nadie.

Porque la historia que vino después es más que conocida: la ministra se inventó una operación para quedarse durante diez a quince años con los cuartos de los municipios, a cambio de darles unas perrillas de adelanto, y consiguió que esa propuesta fuera aprobada por la federación de alcaldes controlada por los ediles socialistas, muy disciplinados ellos.

La oposición del resto fue bastante feroz, y acabó por enmendarle la plana a la señora ministra y a Sánchez, haciéndole perder el pasado jueves su primera votación importante, precisamente cuando está a punto de entrar en el Congreso el debate sobre los Presupuestos de 2021, que es –sin duda– el más duro al que se enfrenta el presidente Sánchez en esta legislatura, porque le obligará a demostrar públicamente para qué gobierna.

La cosa es que la esperada derrota en el Congreso provocó una reacción jupiterina de la ministra (y portavoz), que advirtió a los alcaldes muy enfadada que ya no se les daría otra oportunidad para resolver el entuerto y que las iban a pasar canutas. Pero era solo bromita: ayer se descolgó la señora ministra anunciando la suspensión de la regla de gasto, sin dar muchos detalles.

Quizá porque esta suspensión supone solo un mínimo respiro para los alcaldes: no permite gastarse los remanentes, sino apenas rematar las inversiones financieramente sostenibles contratadas por los ayuntamientos el año pasado, cuando el Gobierno aún no había puesto sus voraces ojos sobre el dinero de los vecinos.

Este es un país de trileros, ya lo dije. Lo que de verdad va a ocurrir es que van a entretener a los municipios dándoles lo que por derecho les tocaba, como su participación en los tributos del Estado (unos 635 millones a repartir entre todos), pero sin meter un solo duro más por la pandemia.

También se les va a permitir pedir dinero a los bancos, para poder pagar deudas con el Estado, entre otras cosas. Y es posible que algún otro favor, como dejar que paguen sus deudas a la Seguridad Social o la Agencia Tributaria (que devuelvan dinero al Estado, vamos) con recursos del Fondo de Ordenación, una medida de apoyo financiero a las entidades locales creada por el Estado para aliviar los problemas económicos de los municipios.

Lo único que de verdad ha hecho el Gobierno es un movimiento de despiste: la bolita de los 14.000 kilos en cuestión sigue en manos del Gobierno, aunque nadie tenga claro debajo de que tazón.

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