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HACIENDA | Luz verde para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit

María Jesús Montero

EBFNoticias |Agencias | El ministerio de Hacienda ha suspendido para este año la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, lo que permitirá que los ayuntamientos dispongan de su superávit de los dos últimos ejercicios.

Esta decisión, adaptada tras el nulo intento del Gobierno la semana pasada de administrar el Estado dichos fondos,  fue anunciada este lunes por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El pasado jueves, el Congreso tumbó el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, una decisión muy controvertida, y que había encontrado bastante oposición en las corporaciones locales.

A pesar de que por parte del Gobierno se le dijo a las corporaciones locales que iban a recibir a cambio una parte de los 5.000 millones de un fondo como compensación de que entregaran de que entregar dichos remanentes, las intensas negociaciones no dieron sus frutos.

El ministerio de Hacienda ha anunciado, a través de un comunicado, que impulsará “un decreto con las medidas más urgentes para que los municipios aumenten sus recursos y el margen presupuestario”.

Por ello, “se suspenderá la regla de gasto en 2020, se prorrogará el uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles y se concederán mejores condiciones financieras para ayuntamientos con problemas económicos”, ha anunciado el departamento.

Así, Hacienda está comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la
liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500
millones. También apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 y
ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con
problemas, entre otras.
Con esta nueva iniciativa, el departamento que dirige María Jesús Montero
muestra su apoyo a los municipios y mantiene la estrategia de no dejar a
nadie atrás, incluidas las administraciones locales.
Regla de gasto
Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma
anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se
encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También
prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones
financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones
financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando
con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621
millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit
de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio
en equilibrio presupuestario.
Además, con carácter excepcional se permitirá que las Diputaciones
Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit
de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales
concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan
exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Ayuntamientos en riesgo financiero

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a
aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las
Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de
Ordenación.

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a
préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos
ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que
tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a
corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.

Se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes
puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán
formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el
superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios
con problemas.

Sistema de financiación

Otro aspecto fundamental que también se recuperará en este nuevo
decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo
que supone para los ayuntamientos 634 millones.

También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para
atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales
en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos
importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia
sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han
aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de
modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos
extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.
Remanentes
El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes
de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una
falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el
Congreso. El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada
con la FEMP y que suponía poner solución a un problema estructural y
complejo como es el uso de los remanentes de tesorería no haya tenido el
respaldo del Congreso. En cualquier caso, eso no puede impedir que otras
medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin
ejecutarse.
En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste
en que su departamento tiene la mejor de las disposiciones para escuchar
las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos
políticos o los propios ayuntamientos. Hacienda confía en que será posible
encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las
reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los
remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se
puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que
necesitan los ciudadanos.

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