Hay proyectos que tienen su momento: durante años, los estudios para poner en marcha los trenes de Gran Canaria y Tenerife han pasado por distintas fases sin llegar a arrancar. Los trenes quedaron en agua de borrajas. El de Tenerife fue defendido por el Cabildo, singularmente durante la etapa de Ricardo Melchior, que llegó a asegurar que su puesta en marcha crearía 45.000 puestos de trabajo, la mitad del desempleo existente en la isla cuando –allá por 2011– hizo esas declaraciones.
El empleo es siempre la fórmula de Fierabrás con la que se justifican los grandes proyectos. El tren de Gran Canaria también fue presentado como una bendición para el empleo por Román Rodríguez en su etapa de vicepresidente del Cabildo. Rodríguez fue siempre el principal impulsor del proyecto de tren en su isla. Durante su mandato insular creó una discutida estructura pública para alentar el proyecto, en la que trabajó algún tiempo una joven Noemí Santana, entonces afiliada a Nueva Canarias.
Discutir la conveniencia de contar con infraestructuras de transporte guiado sobre raíl en las dos islas mayores no tiene demasiado sentido. Los proyectos y estudios están muy avanzados, y el problema ha sido siempre la falta de dinero. Llevamos más de veinte años con los proyectos modernos en discusión, se ha invertido más una decena de millones de euros (aportados fundamentalmente por el Estado) para realizar los estudios de creación de las dos redes, una de 48 kilómetros y 11 estaciones, desde el Parque Santa Catalina a Meloneras en Gran Canaria, con un coste de 1.500 millones, y otra de 80 kilómetros y 7 estaciones, desde Santa Cruz de Tenerife a Las Américas, con un coste de 1.800 millones.
Ojalá esos trenes existieran ya, aunque no sirvieran para crear en toda Canarias ni la décima parte del empleo que Ricardo Melchior esperaba para Tenerife.
El debate no debe ser ahora sobre la conveniencia de los trenes, sobre su utilidad pública, sino sobre su oportunidad: el Gobierno regional y los cabildos han decidido que los trenes se conviertan en el proyecto que el Gobierno de España traslade a la Unión Europea para que sea financiado con cargo al Fondo de Reconstrucción. 3.860 millones, casi un veinte por ciento más del coste calculado hace apenas un año, para lanzar los proyectos de ferrocarriles al Sur.
Es muchísimo dinero, en un momento en el que nos va a hacer mucha falta disponer de recursos para atender otros graves problemas. Es verdad que los cuartos que lleguen de Bruselas tienen que estar vinculados a proyectos específicos, definidos por ejes concretos, como la mejora de la movilidad, la creación de economía verde contra el calentamiento global y la creación de trabajo. Es cierto que los trenes cumplen esas tres condiciones, aunque alguien debiera haber pensado que es inasumible socialmente presentar ahora esa infraestructura como la prioridad fundamental de este archipiélago.
Porque mientras algunos sueñan con trenes, y acercándonos ya a finales de agosto, el Gobierno aún no dispone de los recursos necesarios para contratar a los 3.000 profesores que hacen falta para poder cumplir los protocolos de Educación y abrir colegios e institutos con más de seguridad€ Parece absurdo que en esta situación, se hable de gastar el equivalente a la mitad del presupuesto de Canarias en trenes.
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