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COVID-19 | La Delegación del Gobierno en Canarias abre 206 expedientes de denuncia a manifestantes negacionistas

Manifestación en Santa Cruz

EBFNoticias | Las manifestaciones negacionistas celebradas este fin de semana en Canarias parece que van a tener consecuencias para sus asistentes. Al margen de la libertad de expresión o la opinión individual que los intervinientes puedan tener sobre la Covid-19, así como sobre otra consideraciones relacionadas con la gestión política y sanitaria de la actual crisis, el más que evidente incumplimiento de las normas para evitar la expansión de la enfermedad fue la tónica general de estas manifestaciones.

Este hecho tampoco pasó desapercibido para la Delegación del Gobierno, cuyo máximo responsable, Anselmo Pestana, anunciaba este lunes que como consecuencia de las dos manifestaciones celebradas en las islas capitalinas, se abrirá expediente de propuesta de sanción para más de 250 de los asistentes.

El delegado del Gobierno en las islas reconoció que lo ocurrido este fin de semana en las dos capitales y en el resto de concentraciones, «supone un peligro para la salud de las personas y pone en riesgo la economía».

Las manifestaciones, convocadas como medida de protesta contra el uso de las mascarillas, se convirtieron en una plataforma de rechazo a la gestión de las distintas administraciones, así como en un instrumento en que que se negó la propia enfermdad y sus consecuencias, algo que los asistentes atribuían a la manipulación de los medios de comunicación.

Al margen del ejercicio de la libre expresión, una cuestión fue evidente a lo largo de la celebración, como el incumplimiento sistemático de las medicas de precaución y seguridad ante la enfermedad decretado a finales de semana por el Gobierno estatal y respaldado por todas las comunidades autónomas, como era el uso de mascarillas o mantener las distancias mínimas.

Por no cumplir, no se cumplieron ni las más mínimas y esenciales medidas de higiene, pues en las intervenciones, cada una de las personas que tomaba la palabra, pasaba el micrófono a la siguiente sin ningún tipo de precaución.

Este comportamiento insolidario por parte de los manifestantes, contó con una severa respuesta en las redes sociales, donde se generó un agrio debate entre quienes niegan la evidencia de los fallecidos y las consecuencias de la enfermedad, y quienes les exigían que cumplieran, en primer lugar, algo que es obligatorio para todos.

Ahora queda por determinar cuántos de los identificados por la fuerzas del orden y cuánto tendrán que pagar por participar en una acto que las ley les ampara, pero que no han sabido defender ni cumplir las condiciones mínimas a las que se comprometieron.