El Ministerio de Sanidad logró ayer el apoyo de todas las regiones del país (incluso de las que nunca están de acuerdo con lo que venga de Madrid) para aplicar once medidas de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, además de tres recomendaciones y una suerte de recordatorio. Las medidas afectan al ocio nocturno, los eventos multitudinarios, la hostelería, los centros sociosanitarios y residencias de ancianos, a cribados específicos, al botellón juvenil y al consumo de tabaco en las calles. El ministerio ha activado un mecanismo aprobado por el Gobierno y las regiones a mediados del mes pasado, en un denominado ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’. No es que la respuesta haya sido muy temprana, pero con la que está cayendo (y por caer), la verdad es que mejor esto que nada. En el caso de que las medidas -que ha decretado el ministerio por primera vez en la historia reciente del país y no a quienes correspondería hacerlo, que son las autonomías-, no consiguieran contener los contagios, lo siguiente sería volver al estado de alarma, otorgando de nuevo poderes extraordinarios al Gobierno de la nación. El cumplimiento de las medidas acordadas no es opcional: las autonomías y ayuntamientos deberán aplicarlas y velar por su cumplimiento.
Las más polémicas, por cuanto suponen la ruina del ocio nocturno, son el cierre inmediato de discotecas, salas de baile y bares de copas en los que haya conciertos o actuaciones en vivo. Se prohíbe la celebración de botellones, y se restringen horarios en hostelería y restauración, además de extremar la seguridad y el control de higiene y distancias. También se prohíbe fumar en la calle cuando no se pueda garantizar la separación con otros viandantes, y se obliga a los ayuntamientos a evaluar cualquier evento antes de autorizarlo. También se extrema el control en centros sociosanitarios y residencias de mayores, y se refuerza el control con PCR a personas en situación de riesgo. También se recomienda limitar los eventos sociales a grupos familiares, y a un máximo de diez personas, y se recuerda a todas las administraciones que deben proveerse de los medios necesarios para la detección, vigilancia y seguimiento de casos y para mantener operativo ante lo que venga el sistema sanitario.
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