FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | El dilema de la OPE | Francisco Pomares

Personal sanitario

El problema es la interinidad en los servicios sanitarios de Canarias: un sesenta por ciento de la plantilla, que en algunos servicios llega al setenta por ciento. No es algo exclusivo de las islas: Bruselas dio un toque de atención al Gobierno de España por la elevadísima interinidad de sus sistemas regionales de Salud. El exconsejero Baltar logró llegar a un acuerdo con los sindicatos para la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo en todas las categorías sanitarias, que debía producirse el pasado mes de noviembre.

Con el cambio de Gobierno y la incorporación de María Teresa Cruz Oval y su equipo a la Consejeria, una de las primeras medidas fue retrasar la OPE alegando que incumplía los requisitos legales, provocando una auténtica revuelta sindical, que obligó a la intervención en el conflicto abierto del presidente Torres. El rechazo de los profesionales sanitarios fue el inicio de la caída en desgracia de la consejera, que intentó sin éxito redimirse reconvocando la OPE en el mes de noviembre, para dar así entrada a casi mil médicos interinos y a 1.500 enfermeras y auxiliares.

Cuando se estaban perfilando los detalles de esta segunda convocatoria, el principal desacuerdo de los sindicatos era que estos reclamaban que la convocatoria no fuera regional, sino por islas, para evitar el traslado forzoso de centenares de sanitarios, el daño familiar de esa medida y el impacto que eso provocaría en los equipos existentes. En esa negociación estaban, a cara de perro, cuando llegó la pandemia y todo quedó paralizado.

Con el apoyo social que recibieron durante la crisis del Covid, los médicos vieron una oportunidad para lograr que se aceptara socialmente una OPE de consolidación, en la que cuente especialmente la dedicación y experiencia, y no el tener que superar un examen. Una Mesa de Confluencia de Médicos, amagando con la huelga, logró incluir en el pacto por la reconstrucción de Torres el compromiso de que «para favorecer la estabilidad del personal sanitario, se valorarán todas las formas legalmente viables», abriendo la puerta a no realizar exámenes, o que tengan escaso valor frente a la experiencia. Pero el consejero Julio Pérez recordó que eso era imposible, que el principio de libre concurrencia exigía de exámenes abiertos a todo el mundo.

Los médicos siguieron presionando, y ahora, con Blas Trujillo sustituyendo a Pérez, han logrado que se paralice la OPE ya convocada, a la espera de un cambio normativo estatal que facilite la consolidación automática de los actuales contratados. Es una fórmula de arriesgada aplicación: algún sindicato se ha pronunciado en contra: no quiere ni el retraso de la convocatoria, ni la modificación de sus requisitos, porque cualquier modificación puede producir un reguero de demandas judiciales de opositores que vienen preparándose desde noviembre para acceder a esos empleos públicos. Les asiste la razón: cuando culmine el proceso, serán 8.000 las plazas que deban cubrirse.

Es un dilema complejo el que existe entre favorecer la consolidación de un empleo para toda la vida por haber trabajado durante años en el Servicio Canario de Salud, y defender que cualquiera pueda optar a un empleo público.

Todas las posiciones tienen argumentos a favor y en contra, pero el problema no es la ley, es que los sucesivos ejecutivos no han convocado oposiciones en más de una década. La clave es cumplir las leyes, no cambiarlas para adaptarlas a la presión de los colectivos damnificados. La ley ya establece mecanismos para compensar la experiencia, pero no puede sustituir la libre concurrencia. Si eso llegara a ocurrir se crearía un precedente que daría al traste con el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un empleo público.

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