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TACORONTE | El PSOE reabre la puerta a los concejales expulsados en 2013 por censurar al nacionalista Álvaro Dávila

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EBFNoticias | Tachi Izquierdo | Siete años después está a punto de cerrarse una de las peores crisis que se ha vivido en el PSOE tacorontero, ya que la dirección federal del partido ha tomado la decisión de posibilitar el retorno de los concejales que en el año 2013 secundaron una moción de censura en el municipio, por la que se desbancó de la Alcaldía al nacionalista Álvaro Dávila.

Esa decisión, que no contaba con el respaldo de la dirección nacional del PSOE, ni tampoco de la regional, supuso que fuesen expulsados todos los ediles que posibilitaron un gobierno en coalición con el PP, al que no se sumó el que fuera candidato socialista, Carlos Medina, quien en la actualidad ocupa el cargo de primer teniente de alcalde, en un gobierno local a tres bandas con NC, Sí se puede, y secretario general del PSOE en el municipio.

Ahora, buena parte de los expulsados, entre los que se contabilizaban varios cargos públicos y otros con representación orgánica en la agrupación local por aquella época, han manifestado su voluntad de volver a formar parte de la militancia, a pesar de que al frente del partido se encuentra Medina, con quien las relaciones durante ese episodio, se deterioraron considerablemente.

Entre esas reincorporaciones podría figurar Rodolfo León, quien accedió a la Alcaldía merced a ese acuerdo de gobierno con los populares, y quien tras ser expulsado por su partido, concurrió en los comicios de 2015 bajo las siglas de Socialistas por Tenerife (XTF), obteniendo acta de concejal.

Según las fuentes consultadas por este medio, hay otros concejales y militantes que también van a tomar la mano tendida por el PSOE para recuperar su situación de 2013, “siempre en positivo y para aportar lo que esté a nuestro alcance para que el PSOE sea mejor”.

En este sentido, desde fuentes cercanas a los “disidentes” que ahora volverán a formar parte del partido en el municipio norteño, “nada más lejos de su intención de dar este paso movidos por ningún tipo de ánimo revanchista o de reproche, pues lo que se logra con esta decisión es reconducir las cosas a sus orígenes y respaldar las decisiones judiciales respecto a esa situación, que sentencia tras sentencia han confirmado que lo hecho por los censurantes estaba conforme a la legislación”. En este sentido, lamentan que, “si bien la justicia avaló nuestras acciones, nunca pudimos reconducir la situación y recuperar la Alcaldía y el grupo de gobierno”.

La Comisión de Ética y Garantías del PSOE estimó en su día, que daba por «acreditado fehacientemente» que tanto la Ejecutiva Federal como la Regional desautorizaron «de manera expresa» la moción de censura presentada, un hecho que a juicio del órgano socialista fue ignorado «de manera premeditada y consciente», motivos que sustentaron la expulsión, lo que también originó un informe de la secretaría municipal negativo, porque, “se trataba de tránsfugas”.

Esta moción fue recurrida en los tribunales, y Álvaro Dávila (CC) pudo recuperar la Alcaldía, primero de manera cautela y luego de forma definitiva mediante una sentencia, ya que con la censura se situó como alcalde Rodolfo León, con el respaldo de cinco votos de los concejales del PSOE, que habían sido expulsados y seis del PP. Dávila recurrió a la justicia al entender que los socialistas eran tránsfugas y, por lo tanto, se necesitaban 16 votos.

Pero Rodolfo León también continuó con la defensa de su decisión en los tribunales, hasta el punto de que, ante la mayor instancia judicial consiguió el respaldo que hasta ese momento se le había negado. En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional sentenció que parte del articulado de la ley anti transfuguismo era nulo, por entender que los cambios que incorporó vulneraban “el derecho fundamental a la participación política”.

De esta manera, tanto León como los cuatro concejales que le respaldaron en la censura, encontraron amparo en la decisión del Constitucional, pues se consideró que el hecho de la expulsión se utilizaba como instrumento para represaliar a los díscolos de las formaciones políticas.

En los procesos de diálogo para la reincorporación de los expulsados, el PSOE ha adoptado una postura, tanto a nivel federal como regional, en la que se ha hecho prevalecer el derecho fundamental de los implicados a poder participar en la vida pública, siguiendo la filosofía de la sentencia del Constitucional.

 

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