FIRMAS Joaquín 'Quino' Hernández

OPINIÓN | El bar de Pepe | Matones, mafiosos y okupas | Joaquín Hernández

El problema existe y se hace cada vez más peligroso y es cada vez más urgente actuar con contundencia, sin reparo y con alternativas legales.

El problema de los llamados okupas tiene sus variantes, porque el “movimiento OKUPA” que se inició en los años 90 nada tiene que ver con la ocupación de viviendas en la segunda década del siglo XXI.

De ser una protesta antisistema que efectuaban jóvenes de ambos sexos que abandonan sus estudios de bachiller o universitario para engrosar las filas de los «anti-régimen», y se constituían en comunas, ocupando viviendas o locales vacíos, generalmente abandonados por sus propietarios. a los que intentábamos comprender cual era el motivo por el que cada día se sumaban cientos de miles de muchachos entre los 15 y los 25 años, a ese movimiento “activista y antisistema», ha pasado a ser un negocio mafioso y que controlan matones a sueldo

Mientras los primeros protestaban contra la falta de viviendas y se amparaban en el artículo 47 Constitución española que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, los nuevos “okupas” tienen un sistema distinto.

Hoy, lo que ayer era una reivindicación a un derecho fundamental recogido en la Carta Magna española, el movimiento “okupa” se ha convertido en todo un negocio de personajes siniestros y sin escrúpulos. La inmobiliaria “okupa” funciona de la siguiente forma: Un grupo de “agentes inmobiliarios” captan viviendas, chalets, apartamentos vacíos, incluso contactan con sus propietarios so pretexto de vender el inmueble a buen precio, posteriormente, previo pago de una cantidad entre los 1.000 y 3.000 euros informan al “demandante” de la situación del piso, apartamento e incluso chalet a ocupar y una vez efectuada la “transacción inmobiliaria” el nuevo “inquilino” pasa a tomar posesión de “su nueva morada” que, con suerte, puede durarle In sæcula sæculorum in amén-

Si esto es de por si un hecho delictivo, cual es la usurpación de una propiedad privada, si al mismo tiempo le añadimos que los gastos de consumo de agua y luz van a cuenta y riesgo del propietario del inmueble en cuestión esto se convierte en un chuleo indecente, o sea encima de puta, poner la cama.

Claro que existe la justicia y los pasos a seguir son los de siempre: llamar a la policía que verificará la ocupación de la vivienda, pero que no podrán hacer nada más que tramitar la denuncia ya que no pueden desalojar al chorizo en virtud de que el delito de allanamiento de morada solo lo puede determinar el juez, por lo tanto, se efectúa la denuncia en la comisaria y el caso queda en manos de quien Dios y la Virgen quieran.

Abogado y procurador con reposición de fondos, luego lo siguiente:

“El procedimiento comenzará mediante la interposición de una demanda civil de juicio verbal en virtud del artículo 250.1.4º. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que nos muestra que se decidirán en juicio verbal, las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Esta demanda puede dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación.

A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer. Todo ello en virtud del artículo 437.3.bis Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria.

Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer.

Todo esto puede resumirse, con mucha suerte, en un par de años de juicios con un coste aproximado de unos 4.000 euros mínimo,  y luego preparar otro mogollón de pasta gansa para reparar los destrozos ya que con toda seguridad la vivienda, apartamento o chalet estará hecho una puta ruina.

Existe la solución final: Se trata de la contratación a una de las “empresas” preparadas al efecto para actuar de forma contundente contra los ocupantes de tu propiedad. Por la módica cantidad que oscila entre los 5.000 a 10.000 euros se comprometen en dejar libre y expedito el piso por el que estuvo currando toda su vida. Son matones profesionales y su misión consiste en hacer lo mismo, esperan en la puerta durante horas y horas y el que sale a comprara el pan no vuelve a entrar, y cuando salen todos son ellos entran y ocupan el inmueble, utilizan un notario para dar fe que los utensilios y enseres, ropa, electrodomésticos, etc., que existen dentro de la vivienda son depositados en un local del que podrán retirarlos acreditando ser los propietarios de estos.

No dudan en utilizar todo tipo de intimidaciónes y amenazas, se trata de recuperar el bien usurpado cueste lo que cueste.

 

 

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