FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Ataque a la libertad de expresión y expresión | Salvador García Llanos

Supone un claro ataque a la libertad de información y expresión, a la libertad de crítica y a la libertad ideológica.

Así de rotunda se ha manifestado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) a la hora de rechazar la propuesta de ley orgánica presentada por Vox para regular la verificación de las noticias falsas. La proposición había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados y estaba enfocada a la regulación de noticias falsas en redes sociales, sitios web y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales, con el efecto añadido de prohibir “toda verificación de opiniones” en redes sociales, medios de comunicación e internet.
La formación ultraderechista estima que la verificación ha sido confiada a medios “con sedicente pretensión de naturalidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades”. Añade que apoyan a ciertos partidos políticos en tanto son hostiles con otros. En el texto de la iniciativa, se señala, además, que solo la Justicia “podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas”, y que las empresas u organizaciones que hagan la verificación sean “civilmente responsables” cuando vulneren los derechos a expresar opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.
Pues bien, la FAPE ha sido muy clara al rechazar que la verificación de la falsedad de una noticia no pueda efectuarse por los titulares de los medios (directamente o a través de terceros) que directa o indirectamente dependan de gobiernos, autoridades o sean políticamente “partidistas o partidarios”, salvo que “confiesen” dicha dependencia o adscripción “partidista o partidaria”. Advierte la asociación profesional que agrupa a más de diecinueve mil asociados que el partido promotor olvida que la Constitución garantiza la libertad ideológica en su artículo 16.1 y que el artículo 16.2 establece que nadie podrá ser obligado a declarar (o “confesar”) sobre su ideología, religión o creencias.
La FAPE desmonta el planteamiento que hace la representación ultraderechista sobre la prohibición de la verificación de opiniones: no es más que prohibir que otro pueda responder a lo que uno opine, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que coarta la libertad de crítica, al menos en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual. Y es que las opiniones, como juicios de valor de las personas son criticables. Pero no verificables. En realidad, la proposición de ley pretende eliminar la crítica de las opiniones y la verificación de las informaciones. En cuanto a la responsabilidad civil o penal, ya está perfectamente recogida en las leyes (Código civil, Código Penal, Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y otras normas).
La FAPE también está en manifiesto desacuerdo con otro de los preceptos del grupo parlamentario que intenta regular por ley la verificación de las noticias falsas. En efecto, su pretensión es que solo la autoridad judicial competente pueda adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas, lo que sugiere que, para poder entrar a analizar si una noticia es falsa o veraz, hay que acudir a los tribunales. Esto supondría que serían los jueces quienes decidieran qué es noticia y qué no lo es, tarea que corresponde a los periodistas y medios en el marco de la libertad de prensa y del derecho de información de la ciudadanía.
Subraya la FAPE que “los medios cuando dan información (hechos noticiables, de interés público), están obligados, de acuerdo a las normas deontológicas de la profesión, a verificarla previamente, sea cual sea el canal a través del que la reciban, lo que conlleva que deban evitar el dar “noticias falsas”.
Y aclara que en España, cuatro organizaciones (AFP, EFE Verifica, Maldita.es y Newtral) forman parte del programa de verificación de contenidos en Facebook e Instagram. Todas ellas están certificadas por la Red Internacional de Verificación de Datos, creada por el Poynter Institute estadounidense. Esta Red pone como condición para el ingreso la adhesión a cinco compromisos: con el no partidismo y la equidad; con la transparencia de las fuentes; con la transparencia de la financiación y la organización; con la transparencia de la metodología y con las correcciones abiertas y honestas.

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