FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Quinto cero | Francisco Pomares

En la última década, Tenerife suma ya cinco apagones totales, cinco ceros energéticos que interrumpieron la totalidad del servicio eléctrico. El último fue ayer, con una caída del sistema que arrancó a las diez menos cuarto de la mañana y se prolongó parcialmente hasta últimas horas de la tarde. Casi un millón de habitantes de la isla, más un número indeterminado de visitantes se quedaron sin los servicios más elementales, mientras fuentes de Endesa y Red Eléctrica eran incapaces de explicar claramente lo que había ocurrido.

En realidad, no es tan complicado. Los problemas de Tenerife no son de generación eléctrica, sino de transporte: hace casi dos décadas que en la isla no se realizan las inversiones necesarias para garantizar el funcionamiento de una red sobrecargada y de la que no parece ocuparse nadie: Endesa va a lo suyo, que es producir y vender electricidad, y Red Eléctrica está a ganar dinero llevándola desde las centrales a los hogares e industrias de las islas.
Nadie recuerda ya las promesas realizadas a bombo y platillo por el ministerio de Industria y Energía, cuando Soria era su titular. En 2015, en compañía del presidente de Red Eléctrica de España, el entonces ministro se comprometió a empapar con una lluvia de inversiones el sistema eléctrico canario. Soria anunció el compromiso del Gobierno y Red Eléctrica de invertir 1.300 millones de euros, que se destinarían a mejorar los sistemas eléctricos insulares que pudiera servir de soporte y estímulo para el desarrollo de energías renovables. La previsión era que de ese dinero, hasta mil millones, se destinara al desarrollo de infraestructuras en la red de transporte, entre ellas los tendidos de cable submarino para conectar La Palma y La Gomera con Tenerife, y mejorar la conexión de Fuerteventura con Lanzarote. El resto, hasta 300 millones, irían a incrementar la capacidad de producción del sistema con más centrales hidroeléctricas de bombeo, como la de Chira-Soria, en Gran Canaria.

Casi la tercera parte de los 4.500 millones previstos en la Planificación eléctrica a 2020, que aprobó el Gobierno Rajoy en 2015, se destinaría a las islas, incluyendo más de una cincuentena de proyectos en infraestructura energética a desarrollar durante el quinquenio 2015-2020 incluyendo interconexiones, subestaciones y líneas para aumentar el mallado de red y la evacuación de renovables.

Pero esos millones ni han llegado, ni nadie los ha reclamado. Aquí se ponen multas para quedar bien, pero hacerlo no resuelve nada. Tenerife arrastra un grave problema de infraestructura de transportes, consecuencia del impacto que produjo en el imaginario isleño la gigantesca protesta contra el tendido de Vilaflor. Desde entonces, nadie ha querido ponerle el cascabel al gato, y tras el parón de 2008-2014, fruto de la crisis económica, el consumo ha aumentado sin que mejore una red saturada, con tráficos que superan su capacidad, y que para ampliarse y hacerse más sólida y eficiente precisa de obras que requieren licencias municipales y el decidido apoyo de los poderes locales.

Pero aquí no se mueve nadie, no vaya a ser que se repita algo parecido a aquella movilización que paralizó no sólo un tendido erróneo, sino todas las infraestructuras que había que hacer en la isla para asegurar el suministro eléctrico. Los cinco ceros de esta década son el resultado de los veinte años transcurridos desde lo de Vilaflor, sin que nadie haya hecho autocrítica: fue el Gobierno de Román Rodríguez, quien derogó los permisos otorgados por él mismo a Unelco, para un tendido a 2.500 metros de altitud, que profanaba la corona forestal. Pero fue toda la sociedad de Tenerife, sus partidos e instituciones locales, las que jalearon esa decisión y la parálisis suicida que vino después.

 

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