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OPINIÓN | Mas allá del riesgo de pobreza y exclusión social | Salvador García Llanos

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En los últimos días de enero del presente año, comentábamos la llegada a nuestro país del australiano Philip Alston, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien traía como misión el procesamiento del sistema de protección social, especialmente en lo que atañe a la persistente pobreza entre los niños, los migrantes y la comunidad gitana. Su trabajo, como anticipábamos entonces, habría de ser presentado en julio.
Los resultados, en efecto, ya están aquí. Ha sido el sustituto de Alston, Olivier de Schutter, quien los ha dado a conocer para poner evidencia la gravedad de algunas carencias, acentuada durante el estado de alarma. El relator indicó que pese a que España es una nación rica, afronta problemas de envergadura como “una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes”.
Una de las conclusiones es que la cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social. Y, como decimos, esos dos problemas se han agravado desde marzo. Hace apenas una semana, se supo que el Sindicato de Inquilinos celebraba que se hubiera establecido un índice de precios de alquiler. Además, reivindicó que se actualizara con arreglo a la nueva realidad que va surgiendo de la pandemia “porque los ingresos de la población están cayendo y ello hace que muchos alquileres sean inasumibles”. Fuentes del sindicato indicaron –y así se recoge en el informe- que si se quiere que la regulación sea efectiva, “conviene adaptar las políticas a la coyuntura política y social en la que vivimos”.
Alston constató, durante su investigación, que a principios de febrero, antes de la declaración del estado de alarma, España era un país rico y hasta pareciera que prosperarse económicamente: “O sea, que España se puede permitir hacer mucho más por las personas de bajos ingresos”, escribió el entonces relator, antes de significar que hay dificultades similares en todas la comunidades autónomas. «Hay los mismos problemas, de viviendas que son imposibles de pagar, de desempleo, de salarios y condiciones inadecuadas y mucha gente que trabaja a tiempo completo pero aún así no gana lo suficiente para vivir de ello», se explica en el informe.
Que, por otro lado, se apoya en estudios como los de la organización ‘Oxfam Intermón’ que explican que se necesitan seis mil cuatrocientos millones de euros (aproximadamente el 0,55 % del Producto Interior Bruto) para sacar de la pobreza a cuatro millones de personas. Esta ONG denunció que el sistema de protección social en España está no sólo infradotado de recursos económicos, sino que también es regresivo y su capacidad de reducir la pobreza es limitada. Deja desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en el mercado laboral y «a decenas de miles de hogares».
Precisamente, de los jóvenes se habla en el informe que recoge datos de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de ellos resulta relevante: uno de cada seis jóvenes, de 18 a 25 años, ha perdido su trabajo a raíz de la emergencia sanitaria. Además, los jóvenes que siguen trabajando han visto reducida su jornada en un 23% de media, según el informe sobre el impacto de la Covid-19 en el mercado laboral, siendo las mujeres jóvenes las más perjudicadas. Un tercio de los asalariados y los autónomos se quedaron sin la posibilidad de trabajar por una causa de fuerza mayor, en un país en el que decenas de miles de familias no tuvieron recursos para comer en apenas una semana y en la que, según las estimaciones oficiales, más de cuatro millones de hogares padecen pobreza energética.
Por eso, de Schutter valoró medidas como el Ingreso Mínimo Vital que contribuirá a paliar estas dificultades, “beneficiando a alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza”.
Con tales estadísticas, la nueva realidad es muy preocupante. Las previsiones de las instituciones económicas europeas despiertan, cada cierto tiempo, cada vez más corto, un panorama casi desolador. Se impone reforzar los planes y los recursos que permitan hablar con fundamento de superar la crisis. La situación empieza a agobiar.

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