En el ‘caso Reparos’ se intenta convencer de que Clavijo levantó reparos para sortear informes de la intervención y la secretaría municipal
Lo ha dicho Antonio Doreste, presidente (aún) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: levantar un reparo no es un delito. Es una discrepancia jurídica entre quien lo levanta y el funcionario que lo ha planteado. Esa discrepancia se produce a diario –cientos de veces– en los ayuntamientos de toda España. Solo en Canarias, según el informe anual de la Audiencia de Cuentas, se produjeron en 2017, último año contabilizado la friolera de 5.500 levantamientos de reparto en municipios y Cabildos de las Islas, unos 22 por día hábil de trabajo. Muchos reparos son, para considerar que se trata de una práctica inusual, un abuso de poder o un comportamiento sospechoso. Por supuesto, el levantamiento de un reparo puede realizarse por un interés espúreo, para favorecer a un amigo o para cometer una ilegalidad. Cualquier decisión política o administrativa puede responder a un interés no declarado o a una voluntad de favorecer a alguien. En los 5.500 casos de levantamiento de reparos que se han producido en Canarias, es probable que la mayoría responda a la voluntad de resolver un problema de servicios o abastecimiento, provocado por un retraso en el trámite de un nuevo contrato., ya sea por su complejidad, por cambios legales, por falta de medios, o por la demora o paralización de la tramitación por recursos presentados por licitadores, e incluso por cambios legislativos que provocan dudas sobre las competencias municipales. Con la ley de modernización de la administración de 2013, se produjo en muchos ayuntamientos el bloqueo por la intervención de las contrataciones en servicios sociales, centros de día, atención a domicilio, pisos tutelados€
Es frecuente que tratándose de prestación de servicios públicos que no pueden ser interrumpidos –la ley establece que el contratista debe seguir prestándolos incluso sin contrato– los Ayuntamientos prorroguen para garantizar que el servicio no se interrumpa. Eso es lo que hizo el alcalde de Las Palmas con el servicio de limpieza de centros públicos de educación infantil y primaria, o con el servicio de ayuda a domicilio, ambos en 2019. Levanto los reparos, aplicando con buen criterio el principio de mantener en funcionamiento dos servicios esenciales.
Pero también es cierto que habrá levantamientos que obedezcan a la decisión de un alcalde o presidente de Cabildo de materializar un proyecto concreto, ‘reparado’ por el interventor o el secretario. Incluso en este caso, puede ocurrir que no sea necesariamente delictiva la decisión final del político. Para que lo sea, el Tribunal Supremo considera que debe detectarse en el levantamiento del reparo «un alto valor incriminatorio».
En el ‘caso Reparos’ se nos intenta convencer de que Fernando Clavijo levantó centenares de reparos en La Laguna, estableciendo con ello un mecanismo –casi un sistema– para sortear los informes de la intervención y la secretaría municipal. Sin embargo, el informe de la fiscal Anticorrupción, aterrizada en este caso como en el ‘caso Grúas’, sólo cita a Clavijo en dos casos concretos. Uno de ellos resulta muy llamativo: según la fiscal el levantamiento se produjo en una fecha en la que Clavijo ya era, desde hacía meses, presidente del Gobierno.
El ‘caso Reparos’ parece un montaje bastante similar al ‘caso Grúas’, y persigue similares objetivos: no se trata de averiguar si alguno de los 118 levantamientos durante cinco años –24 al año, de 5.500 que se producen al año en Canarias– puede o no ser constitutivo de delito. De lo que se trata es de inculpar nuevamente a Clavijo.
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