FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Nuevas formas de corrupción | Francisco Pomares

Cabildo de Lanzarote.

Las leyes intentan acotar la corrupción, pero ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa. Aquí el que no corre, vuela. Por ejemplo, ya le han encontrado la vuelta a la ley de contratos públicos de 2017: la adjudicación de un concurso del Cabildo Insular de Lanzarote, que ha de fallarse estos días, se encuentra en el punto de mira de la oposición, y se ha convertido en la comidilla de los técnicos. La historia tiene que ver con un nuevo tipo de práctica de consultoras poco profesionales, que se aprovechan de ser las redactoras de los pliegos de los concursos públicos, y de la información privilegiada que eso supone, para luego ‘colocar’ esa información privilegiada donde les interesa.

El ejemplo que nos ocupa –no es el único, hay otros muchos en corporaciones locales de todas las islas y en el Gobierno regional- podría encajar, al menos en parte, en lo descrito: el Cabildo conejero ha sacado a concurso un Servicio de consultoría y asistencia técnica integral en materia de contratación pública y elaboración de documentos de licitación de contratos de servicios, obras y suministros al propio Cabildo, licitado con un presupuesto de más de 130.000 euros. Con esa cantidad se compensaría el trabajo de realizar todos los pliegos que los servicios propios del Cabildo no pueden realizar por falta de medios o de competencia en determinadas licitaciones específicas de gran complejidad.

Hasta aquí todo parece correcto: son muchas las corporaciones públicas que acuden a servicios profesionales externos para aligerar la carga de trabajo de sus departamentos de contratación, saturados por las complejidades de la nueva ley de contratos del Estado. El problema en concreto es que una de las empresas que ya trabajan para el Cabildo de Lanzarote haciendo ese tipo de funciones, ha redactado los pliegos de este concurso, copiando otros pliegos similares ya realizados por esa empresa con anterioridad, y -aún así- se ha presentado al concurso, algo que es absolutamente ilegal, porque la ley es taxativa al prohibir que una consultora puede redactar un pliego y presentarse a un concurso en base al pliego redactado por ella misma. Funcionarios del Cabildo aseguran que la empresa en cuestión fue la que realizó el pliego, e incluso han localizado pliegos anteriores de esa empresa, con un lenguaje y estilo técnico-jurídico idéntico. Además, llama la atención que la citada consultora haya hecho una oferta de baja económica desmesurada, constatada tras la apertura de plicas, que ya se ha realizado y publicado. La baja garantiza que la citada empresa ganará el concurso, pero en los servicios del Cabildo se preguntan cómo puede permitirse la licitadora (y redactora del pliego) una baja económica que pondría en riesgo el equilibrio de cualquier contrato y por tanto eliminaría sus posibles beneficios. La respuesta es sencilla: porque luego, en cada concurso que se presente, sea de alumbrado, residuos, obras, la consultora podría negociar ilícitamente con los concursantes.

La coincidencia entre la consultora redactora del pliego y una de las que se presenta a la licitación está ahora en boca de todos, y se asegura que la oposición va a solicitar al Cabildo que identifique quien hizo el pliego, para evitar así una adjudicación que podría suponer en el mejor de los casos un escándalo, y en el peor, responsabilidades en los tribunales.

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