FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | 366 euros por familia al mes | Francisco Pomares

El Gobierno aprobó ayer la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una de las medidas de mayor impacto contempladas en los programas electorales del PSOE y de Podemos. La idea inicial era implantarla en diferentes fases a lo largo de la legislatura, pero la crisis abierta por la pandemia ha acelerado su lanzamiento del proyecto, presentado ayer por Pablo Iglesias como el mayor avance en derechos sociales que se produce en España desde la aprobación de la ley de dependencia por el Gobierno Zapatero en 2006. Sin duda lo es.

Con la medida, que se materializa en un decreto aprobado en consejo de ministros extraordinario, se quiere dar cobertura a 850.000 familias en riesgo de exclusión social (son un millón menos de las familias inicialmente propuestas por la Airef), y evitar la pobreza extrema a 1,6 millones de españoles que tienen que sobrevivir con menos del 40 por ciento de los recursos de que disponen los perceptores de la renta media nacional. España mantiene una tasa de pobreza severa muy elevada, que casi duplica la europea. Y la situación ha empeorado en los últimos años: la gran recesión de 2009 agrandó la brecha social entre los más ricos y los más pobres de este país, y dejó como principales secuelas un altísimo nivel de población sin empleo, y una persistente precariedad laboral, situaciones que aparecen frecuentemente relacionadas con la pobreza extrema. La extensión de la pandemia del Covid-19, el desplome de la economía española, y las situaciones de pobreza que va a provocar en los próximos meses podrán ser atendidas por el Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo al decreto del Gobierno, que aporta esa importante novedad en relación a los borradores que se conocían. Las familias afectadas por la depresión provocada por la enfermedad podrán aspirar también a las ayudas. Unas ayudas que no son precisamente una panacea: dependiendo de la situación familiar, no podrán superar cantidades entre los 461 y 1.015 euros. Pero la renta media por familia que calcula el Gobierno será de 4.400 euros al año, unos ingresos de tan sólo 366 euros por familia y mes. El Gobierno asegura que la medida costará alrededor de 3.000 millones al año, pero ese dato no se corresponde con otros datos del Gobierno: pagar la renta media -366 euros mensuales- a 850.000 familias costará 3.740 millones.

Sería indecente discutir siquiera la oportunidad de una medida absolutamente necesaria para permitir la supervivencia de millones de españoles en situación de pobreza grave. España es el único país de la UE sin políticas que garanticen ingresos mínimos de ámbito nacional. Más allá de las inconcreciones y contradicciones del decreto, aprobado con mucha urgencia para que coincida con el estado de alarma, atender con recursos públicos a los más pobres es hoy por hoy la única forma de reducir unos índices de desigualdad social que son nuestra mayor vergüenza nacional.

Pero también hay que asumir que financiar la medida supone aumentar el déficit del Estado en un momento en el que el desequilibrio de las cuentas públicas roza ya los 20.000 millones de euros en tan sólo los cuatro primeros meses del año, casi el triple que el año pasado. La otra opción sería aumentar los ingresos del Estado, pero incluso con un aumento importante de la presión fiscal, mejorar la recaudación es una opción fantasiosa, cuando el paro se dispara y el consumo cae en picado.

La única opción realista que tiene el Gobierno para sostener las cuentas del Estado y evitar la quiebra, es hacer lo que le dice Europa: redistribuir. Y eso se logra ahorrando en otros gastos, reduciendo las pensiones más altas, pagando menos a sus empleados que más cobran, entre otros los políticos. Pero en este país no hay nadie que tenga el valor suficiente para plantear siquiera algo así.

 

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