FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Rescate o elecciones | Francisco Pomares

La noticia se publicó hace unos días: como resultado de la epidemia, hasta 21 millones de personas cobran hoy directamente del Estado. Son los 3.225.000 empleados públicos (políticos incluidos), más casi nueve millones de pensionistas, 3.700.000 parados hasta el 20 de abril, casi 4.600.000 afectados por regulaciones temporales de empleo, y más de 900.000 autónomos con cese de actividad, a los que el Estado se ha comprometido a mantener mientras dure la emergencia. Para pagar esas nóminas, subsidios y pensiones, el Estado debe destinar 25.000 millones de euros al mes. Una cantidad estratosférica.

El problema es que España suma ya cerca de ocho millones de trabajadores sin empleo, algo más de la tercera parte de la población activa. De 47 millones de habitantes, apenas 15 millones tiene trabajo en estos momentos, incluyendo a los empleados públicos, que se mantienen con los impuestos. De esta forma, más del cuarenta por ciento de los españoles (el porcentaje sería mucho mayor si descontáramos a los menores de 16 años) pasan a depender directamente de los Presupuestos del Estado o de la tesorería de la Seguridad Social. Esta situación, inédita en la historia de nuestro país, se produce en un momento en el que las previsiones más optimistas hablan de una caída del PIB que superará el diez por ciento en 2020, una drástica reducción del consumo y también una reducción de los ingresos fiscales que podría situarse entre el 20 y el 25 por ciento, lo que provocará un déficit que superará el diez por ciento, y un incremento de la deuda pública de más de cien mil millones de euros.

La pregunta que todos nos hacemos es como va a hacer frente el Gobierno de Pedro Sánchez a esta gigantesca recesión, cuando -a día de hoy- ni siquiera se ha comenzado a hablar de futuros planes de ajuste, sino más bien de todo lo contrario, de una mayor disposición de recursos y liquidez avalada por la administración, para evitar la quiebra del país. Lo razonable sería suponer que el Gobierno acudirá a por dinero al Mecanismo de Estabilidad -el MEDE-, pero las voces que se escuchan hoy en el Gobierno -las mismas que rechazan cualquier tipo de ajuste- niegan que se vaya a pedir una inyección de este fondo para el rescate de economías en apuros, que cuenta desde hace unas semanas con 410.000 millones. Sánchez no quiere acudir a un rescate, que logró sortear Zapatero y que Rajoy limitó a la banca, porque sabe que asumir ese rescate -aunque sea un rescate mucho menos exigente que los de Irlanda, Portugal y Grecia- supondría la supervisión europea del compromiso de restricción del gasto público, y la probable ruptura con Podemos en el Gobierno. Sánchez no cuenta con apoyos alternativos -Ciudadanos no sería suficiente, y el PP no va a salvarle el cuello- y por eso pretende ganar tiempo para optar por el Fondo de Reconstrucción europeo, aún por definir, y que -con 1,5 billones- se empezará a librar a principios de 2021. Lo cierto es que, a pesar de que el Banco Central Europeo siga comprando deuda española, no parece posible esperar a que llegue el dinero del Fondo de Reconstrucción, sin una gigantesca política de recortes que tampoco aceptaría Podemos. Sánchez deberá elegir como se suicida: o pide el rescate -vía MEDE- antes de octubre, o convoca elecciones para enero o febrero del próximo año.

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