FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Completamente a ciegas | Francisco Pomares

Cada día de los últimos días celebramos la noticia de una reducción de los fallecidos por Covid con la impresión de que esto está a punto de terminarse. No es cierto: la enfermedad tarda entre dos y ocho semanas en provocar la muerte en los casos más graves, según el último informe de Sanidad. Las cifras de muertos de ahora nos hablan de miles de personas contagiadas hace entre quince días y dos meses: parte de quienes fallecieron ayer se contagiaron probablemente antes del confinamiento. Aún así, la cifra de fallecidos es el mejor sistema que tenemos para conocer el número de contagiados reales que puede haber en el país. A día de hoy han muerto algo más del diez por ciento de los españoles que -con certeza- han contraído la enfermedad. Pero la letalidad real es muy inferior a esa cifra: hay decenas de miles de personas que se contagian pero no están en las estadísticas sanitarias, porque no desarrollan síntomas graves y -no existiendo recursos para atender a todos- no llegan nunca a ser diagnosticados. Por eso, no podemos saber exactamente cuánta gente está infectada, aunque existe cierto consenso científico en que la letalidad real es inferior al uno por ciento: los expertos del Imperial College de Londres creen que debe rondar el 0,66 por ciento. Si aplicáramos esa cifra, el número aproximado de infectados que había en España en un momento concreto situado hace entre ocho y dos semanas se podría calcular multiplicando el número de fallecidos por 150. Algo más de tres millones, con una horquilla muy amplia, fruto del tiempo transcurrido, que permitía al Imperial College hablar de entre tres y quince millones de infectados españoles. Para hacer ese cálculo, por muy abierto que resulte, es necesario conocer el número real de fallecidos en España. Es imprescindible para determinar los contagiados probables, dato a su vez necesario para que el levantamiento del confinamiento responda a decisiones basadas en criterios científicos y no al capricho político o el cálculo electoral. Pero si no podemos saber cuánta gente ha muerto, dice el Gobierno, es porque cada una de las autonomías ofrece los datos de forma desordenada y diferente, no incluyendo en algunos casos los fallecidos en su domicilio o en residencias.

Es esta una acusación ridícula para un Gobierno que ha asumido el mando único sobre todo lo relativo a la pandemia. ¿Por qué hay que esperar a los datos regionales de fallecidos? En España existe un registro único de fallecimientos, que es el Registro Civil del Ministerio de Justicia. Para enterrar o incinerar a los muertos de la nación se precisa un certificado oficial de defunción, emitido por un médico y en el que se incluye el lugar de fallecimiento, ya sea un hospital, el domicilio, una residencia de ancianos o una carretera en la que se ha producido un accidente mortal; además de la causa de la muerte; y los antecedentes, si se conocieran. El Gobierno, a través del ministerio de Justicia, tiene acceso al registro y puede saber al día cuántas personas mueren por Covid -y en qué circunstancias- en cada una de las provincias españolas. Es cierto que los datos hospitalarios sobre ocupación de recursos sanitarios -si el fallecido fue atendido en UCI o no- sólo lo conocen cada una de las Comunidades Autónomas. Y también que eso ha provocado que miles de personas hayan muerto sin ser atendidas en UCI, porque la Sanidad autonómica no dispone de información sobre los recursos de la sanidad privada en otras regiones, con más de dos mil UCI desocupadas, una verdadera vergüenza.

Pero la información sobre fallecidos por Covid en España está en manos del Gobierno. Y aún se desconocen las cifras. Sin ellas es imposible calcular el número de contagiados, o pronosticar cuándo acabará esto. Estamos completamente a ciegas.

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