FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Pelea de trileros | Francisco Pomares

Orientado ya el embridamiento de la crisis sanitaria en España -que no de la epidemia, que nos dará disgustos hasta que haya tratamientos más eficaces o una vacuna- comienza a agigantarse la preocupación por la crisis económica y fiscal que ya ha comenzado, y puede acabar colapsando al Estado: la caída radical de la actividad económica ha mermado los ingresos recaudatorios, mientras se disparan las necesidades y los gastos. Los ERTE van a costar 2.500 millones al mes, y habrá que cubrir el seguro de millones de desempleados, y eso a pesar del impuesto revolucionario camuflado que supone endosar a las empresas el mantenimiento del empleo, aunque no haya actividad, una forma de extraer recursos de los empleadores para que los gastos por el paro sean menores. Para hacer frente a esa situación, y a la espera de que la UE nos ayude a financiar la liquidez española con 100.000 millones de euros a través del MEDE, el Gobierno de Sánchez se está apropiando de todo lo que pilla: los recursos de AENA o de Puertos del Estado, los fondos de los convenios, el dinero adeudado, los adelantos y -muy probablemente- se quedará también con todo el superávit (o parte) de las regiones que lo tengan.

En Canarias, la situación es aún más grave: 600.000 camas están desocupadas, y se han cerrado 30.000 locales de restauración y ocio. Una catástrofe sin paliativos: el turismo produjo 16.000 millones de euros el 2019, y eso sin contar lo que tiró de sectores como la agricultura, la alimentación, la construcción y los servicios. Las previsiones de la Hacienda canaria es que los ingresos caigan entre abril y junio hasta un 80 por ciento, alrededor de 700 millones. Y eso en un contexto en el que las trasferencias del Estado no están garantizadas, porque el Estado carece de ingresos para hacer frente a sus promesas.

El presupuesto regional está ya al límite del endeudamiento tolerado y lo que ha hecho Hacienda, a la zorruna, es colarnos el pasado jueves un decreto que permite negociar pólizas de crédito con los bancos de hasta 1.700 millones, de los que ya se tramitan los primeros 800. El Gobierno regional no tiene autorización para endeudarse a largo, pero las pólizas son endeudamiento a corto. Es obvio que no se podrán atender los pagos antes de final de año, y que la pasta que presten los bancos (los bancos quieren prestar, una diferencia con la crisis anterior es que ahora los bancos si tienen dinero) habrá que devolverla después, y a precio de póliza, pero Román Rodríguez confía en que Madrid y Europa buscaran la fórmula de resolverle la papeleta. Es una apuesta más propia de un trilero que de un consejero de Hacienda, atrevida y tramposa, y quizá por eso Julio Pérez no dio cuenta de la decisión en su información sobre el consejo de Gobierno del pasado jueves. Pero les reconozco que no soy capaz de criticar a Román el formato: o eso, o cruzarse de brazos, mientras los otros trileros, los de Moncloa, nos levantan el superávit de 300 millones, bloquean los adelantos y se quedan los fondos de empleo de Canarias.

Las administraciones han comenzado una guerra sin cuartel por la pasta, que definirá las relaciones políticas del futuro. Quizás sea este un tiempo de asumir riesgos y hacer cosas que antes no se hacían, pero no bastará con deuda y trampas: hay que reducir gasto donde se puede -y se puede-, decirle claramente a la gente la que viene, y dejarse de prometer imposibles. Este no es tiempo para populismos. Hasta el último céntimo que gastemos lo tendrá que acabar pagando alguien. Y serán nuestros hijos y nietos?

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