FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Protocolos | Francisco Pomares

Arcadio Díaz Tejera, exsenador del PSOE y en la actualidad magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ordenó ayer el inmediato desalojo del Centro de Internamiento de Emigrantes de Barranco Seco, en el que hace cinco días se diagnosticó el contagio de dos internos. El auto es bastante categórico en relación a los plazos, y establece que el ritmo de remisión debe ser lo más rápido posible «debido al progresivo contagio que se está produciendo en el centro por el hacinamiento en el que se encuentran los internos y por la inexistencia de las condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo por contagio del Covid-19». El juez entiende que es imperativo actuar con rapidez por razones de salud pública y en atención a la de los migrantes y los funcionarios que los atienden en Barranco Seco. El juez explica que los inmigrantes se encuentran en condiciones que no garantizan el aislamiento de las personas con síntomas o que han dado positivo en las pruebas por coronavirus.

Díaz Tejera viene a decretar la salida de los internos que aún quedaban en el CIE grancanario -eran 44- en base a los mismos criterios que ya provocaron la de los internos del CIE de Barcelona, el pasado 19 de marzo. Para evitar que se repita la situación producida entonces -algunos de los inmigrantes quedaron en la calle- Díaz Tejera ordena su ingreso lo antes que se pueda en otros centros sociales, sin especificar en cuáles.

Sin duda, la preocupación del magistrado por la salud de los internados es digna de respeto, por más que también produzca cierta preocupación que el auto se produzca al margen de las consideraciones realizadas por la autoridad policial: hace solo un par de días, el director adjunto de operaciones de la Policía Nacional -José Ángel González, que ayer dio también positivo en los test y fue apartado de sus funciones- negó en rueda de prensa que exista hacinamiento en los CIE.

Respondía a la denuncia de algunos internos, cursada a través de ONG de ayuda a los inmigrantes, advirtiendo de su desprotección durante esta emergencia sanitaria.

Ayer tarde, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Canarias se repartían en comandita la búsqueda de una solución a la orden de Díaz Tejera, con la recolocación de algunos internos en hospitales -el Negrín y el Militar-, en centros sociales y en el Hotel Escuela de Santa Brígida. Es difícil saber el alcance del problema, porque ni el Gobierno de Canarias ni la Delegación del Gobierno central han informado de cuántos son los casos de contagio originados en Barranco seco, ni su gravedad, si es que existe.

La pregunta es si en una situación de alarma, debe actuarse en base a decisiones de los tribunales ordinarios -ayer se ordenaba también, con cierto voluntarismo, la inmediata dotación de medios de protección al personal de seguridad del Negrín-, o debieran existir ya protocolos establecidos para jerarquizar la responsabilidad de tomar decisiones en este tipo de contingencias. Por ejemplo: ¿qué debe hacerse cuando se produzcan contagios en los centros penitenciarios? ¿Y en los albergues municipales? ¿Se aplicará el mismo criterio que en los CIE? ¿Y quién debe decidir cuándo la situación obliga al desalojo y redistribución? ¿Debe ser la Administración? ¿Un juez? ¿Un médico? En las próximas semanas van a producirse muchas más situaciones parecidas, que obligaran a decisiones rápidas. No estaría de más que alguien se ocupara de pensar cómo y quién debe actuar cuando se presenten.

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