FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | No es demagogia | Francisco Pomares

Hace diez días, cuando aún no había transcurrido la primera semana de encierro, comenzaron a circular las primeras noticias sobre la quiebra del empleo, ertes y eres, el cerrojazo al turismo, las empresas y autónomos preparándose para el calvario de una recesión como ninguna otra vivida por esta generación? y fue entonces cuando el Gobierno regional publicó en el Boletín Oficial de Canarias la subida de un dos por ciento, con carácter retroactivo al primero de enero, de los sueldos de los políticos. La reacción en redes -los bares están cerrados- no se hizo esperar: un común enfurecimiento ciudadano por el momento -vamos a decir que indelicado  escogido por el Gobierno para hacer efectiva la medida.

El Gobierno de Canarias explicó rápidamente que este aumento salarial de los altos cargos está incluido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que entró en vigor el 1 de enero, y que aumenta los salarios de los miembros del ejecutivo y del legislativo, de los funcionarios públicos -excepto el de los trabajadores del Servicio Canario de Salud, a los que ya se había aplicado la subida-, del personal contratado, los docentes no universitarios, los funcionarios de Justicia y los miembros de la Policía Canaria.

La explicación es correcta: la subida se aplica a todos los salarios de todas las administraciones de España, como resultado de un acuerdo plurianual firmado a principios de 2018 por el Gobierno Rajoy y los sindicatos mayoritarios. El acuerdo fue presentado públicamente por el todopoderoso Iván Redondo, gurú monclovita de Sánchez, como una de las grandes medidas del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y grande sí es el envite: el aumento del sueldo de los funcionarios supone un coste -solo para el Estado- de 3.264 millones de euros, poco menos de la mitad del Presupuesto de Canarias, y algo más que el coste de aumentar las pensiones un 0,9 por ciento este año.

Es cierto, pues, que no estamos ante una subida discrecional planteada por nuestros dirigentes. Pero que no lo sea no implica que la agria reacción ciudadana sea fruto de una pataleta demagógica, un calentón. La subida supone unos sesenta euros mensuales en un ingreso tipo de tres mil euros, que puede acercarse bastante al salario medio de un cargo público, aunque los haya que cobran mucho más, y quienes cobran algo menos. Y para muchos ciudadanos corrientes y molientes, que se enfrentan a la creciente dificultad de sostener a sus familias, hacer frente a sus obligaciones, pagar sus alquileres, incluso mantener sus trabajos, la cuestión es esperar de quienes nos dirigen que en este momento de apuro económicos, reducciones y rebajas hagan una demostración de solidaridad y sentido del sacrificio.

Una demostración que quizá se vean obligados a realizar a la fuerza. La crisis ya ha empezado y va a suponer el cierre de centenares de miles de pequeñas empresas, la ruina de millones de autónomos, y una reducción del consumo y de la recaudación fiscal sin precedentes históricos. Ni el Estado ni las regiones y municipios van a tener recursos para pagar sus compromisos, incluyendo los salariales: escucharemos hablar de rebajas de solidaridad nada más pasar el verano, si no antes. Dentro de tres o cuatro meses, la preocupación principal de las administraciones será cómo pagar los salarios de sus funcionarios y empleados.

Los próximos presupuestos serán muy restrictivos: no es demagogia, pero nuestros próceres quedarían mucho mejor renunciando desde ya a sus subidas salariales y demostrando empatía con quienes comienzan a perderlo todo, antes que esperar a las inevitables rebajas del próximo invierno.

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