FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Medidas | Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias no ha aprobado aún su paquete de medidas para frenar la crisis económica que viene detrás de la emergencia sanitaria. El Gobierno de Torres parece autista, a la espera de las decisiones del Gobierno de Sánchez, que el sábado -tras un inacabable y tenso Consejo de Ministros- quedaron aparcadas para este martes. El conflicto abierto entre los ministros económicos y los sociales -PSOE y Unidas Podemos- impidió aprobar el sábado un paquete de medidas no ya necesarias, sino incluso imprescindibles sobre mercado laboral, exenciones en la fiscalidad, protección de autónomos y empresas, que se esperaba poner en marcha este lunes. Habría bastado con copiar las planteadas por Alemania, pero el conflicto ideológico de fondo parece retrasar las decisiones. Y el retraso del Gobierno central repercute también en el de las decisiones que no acaban de tomarse por el Gobierno de Canarias.

Porque una cosa es que se concentre en las autoridades nacionales el control y dirección de las políticas destinadas a hacer efectiva la emergencia sanitaria, y garantizar el abastecimiento del país de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, y otra esperar a que el Gobierno de Sánchez desarrolle todos los acuerdos e incentivos específicos destinados a reducir el impacto económico de la crisis económica que llegará al galope tras la crisis sanitaria. Torres debería haber activado alguno de los mecanismos de que dispone su Gobierno para asesorarse en materia de análisis económico y adopción de medidas paliativas contra la inevitable crisis económica, pero ni siquiera se ha convocado el Consejo Económico y Social. Tampoco se han producido encuentros y reuniones con los sectores empresariales, para recabar información sobre las necesidades más apremiantes, y también sobre la aportación con la que las propias empresas pueden ayudar en la emergencia sanitaria. Es cierto que estamos ante una situación de una magnitud desconocida hasta la fecha, pero eso no es excusa para que el Gobierno de Torres se mantenga a la expectativa de las decisiones económicas de Madrid, o del encuentro -virtual- que Sánchez mantuvo ayer con los presidentes regionales.

Coalición Canaria entregó ayer domingo a Torres, en una iniciativa infrecuente, fruto sin duda de la excepcionalidad del momento que vivimos, un documento que incorpora poco menos de cincuenta propuestas y medidas de actuación sobre la crisis, la primera de todas ellas establecer un mando conjunto sobre todos los recursos sanitarios del archipiélago, sean públicos o privados. También se plantea decretar el ‘carácter de urgencia’ para todos los procesos administrativos, y la posibilidad de aplicar una ‘tramitación de emergencia’ en los contratos de especial necesidad, en materia sanitaria o de servicios sociales. Y bajadas del IGIC, exención del cien por cien de la Seguridad Social a las empresas que cierren, durante el periodo de cierre, prestación de seis meses para todos los trabajadores despedidos, al margen del tiempo de cotización, bonificación del cien por cien de la cuota de autónomos y empresas de menos de diez empleados, paralización de nuevos impuestos, exención de tasas aéreas y una batería de medidas para reflotar el turismo en las islas.

Sin duda, cada fuerza política tiene su propia forma de afrontar los acontecimientos, y la responsabilidad es ahora del Gobierno de Torres. Pero sería deseable integrar todas las propuestas razonables en el paquete de medidas que plantee finalmente el Gobierno regional, al margen de su origen o paternidad. Este es un momento para empujar todos en la misma dirección.

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