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OPINIÓN | Cuando estuvo en peligro la escuela pública del Puerto | Salvador García Llanos

En septiembre de 1821, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz confeccionó y aprobó un censo electoral en el que quedaron registrados mil ciento trece vecinos.
Apenas un mes antes, el último día de julio, el consistorio hubo de hacer frente a un hecho que puso en evidencia los riesgos de quedarse sin escuela pública en el municipio.
Relata el cronista oficial Nicolás Pestana Sánchez que el comisionado del Crédito Público, Juan Pedro Nepomuceno, se presentó para hacerse cargo de los enseres del convento dominico que, por distintas causas, debería quedar cerrado. Si eso se consumaba, sería clausurada la escuela pública que estaba instalada en una de las estancias del mencionado convento, donde recibían instrucción y formación los adolescentes y jóvenes del pueblo.
El Ayuntamiento era consciente de que una materia de su incumbencia consistía en velar por el buen desarrollo de la enseñanza en la localidad, de modo que, a la vista del artículo 26 de la Real Orden de 25 de octubre de 1820, ofició al expresado comisionado haciéndole ver la preocupación y las razones de la limitación de recursos para poder atender las demandas educativas correspondientes.
La escuela estaba instalada en el refectorio (sala que se utilizaba como comedor común) del convento dominico. De ello tenía conocimiento la Diputación Provincial. El consistorio, con donaciones hechas por los vecinos, invirtió en el acondicionamiento de la estancia doscientos pesos de la época. Se trataba de convencer al comisionado para que dejase el citado espacio a disposición del Ayuntamiento que, en consecuencia, se hacía responsable para que los niños y jóvenes portuenses no se quedaran sin recibir las enseñanzas correspondientes.
El comisionado Nepomuceno accedió a la petición del Ayuntamiento. Con posterioridad, el consistorio acordó elevar escrito al Jefe Superior Político para que se señalase uno de los conventos que quedaban vacantes, “con el objeto de hacer en él -relata Pestana- la casa consistorial y demás piezas que eran necesarias para el servicio público y de las que totalmente carecía este pueblo”.
En la comunicación se hace constar que dada su localización, construcción interior y menor provecho que se podía obtener por parte del crédito público (equivalente, suponemos, a los intereses generales del municipio), el convento dominico era el más apropiado para el fin solicitado.
De esa forma, se salvaba la que debía ser mínima dotación para la instrucción pública. La normativa o la burocracia de la época exigían una reiteración de los acuerdos adoptados, por lo que el consistorio portuense se dirigió nuevamente al Jefe Superior Político para que determinase uno de los conventos suprimidos para el Establecimiento de casa consistorial, escuelas, cárceles, hospitales y demás centros de beneficencia pública, de manera que, dando cuenta a la Diputación Provincial, se señalase el convento dominico, por encontrarse en situación más apropiada para los referidos objetos sociales.

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