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OPINIÓN | El laberinto burocrático | Óscar Izquierdo

Un verdadero laberinto burocrático es lo que tienen que padecer las empresas ante cualquier gestión a realizar en las distintas administraciones públicas. La magnitud del problema es más grave de lo que se piensa o puede suponerse, repercutiendo negativamente en la actividad económica, haciéndola lenta, espesa y terriblemente improductiva. Los escollos administrativos, la lentitud de los trámites y las continuas deficiencias son generalizadas, especialmente en la administración local, donde las oficinas técnicas municipales o las gerencias de urbanismo, no sirven de cauce fluido para la gestión de la cosa pública, sino que se convierten en un muro infranqueable, donde todo se para, se eterniza o se pudre. No se puede seguir mirando para otro lado, sin buscar soluciones, no vaya a pasar lo que decía Henry Ford cuando avisaba que «la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos.»

Desde los teléfonos de información que casi siempre están inoperativos porque o bien comunican o bien no lo cogen, hasta la petición de cita, que para lograrla hay que tener una paciencia suficientemente probada, todo se vuelve desesperadamente calmoso. A eso hay que sumar, que cuando alguien consigue por fin reunirse, en muchos casos, viene la arrogancia o el paternalismo, tratando al empresario con desconfianza, algunas veces con desprecio y mirándolo como un potencial delincuente y no como verdaderamente es, creador de riqueza social y generador de empleo. Por otro lado, los plazos de resolución que están reglamentados sólo son exigibles de puerta para afuera, donde si no se cumple en el tiempo predeterminado, inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos para pedir el correspondiente recargo, aquí si hay diligencia. Ahora bien, la propia administración pública, no cumple con lo que tiene mandatado a la hora de resolver los expedientes, olvidándose con frecuencia del periodo establecido, sin importarles excederse lo que les dé la gana, ni preocuparse del perjuicio que ocasionan.

La carga de trabajo es otra de las manidas disculpas que escuchamos con frecuencia. Si de verdad hay problemas de escasez de personal, lo lógico es dotar a ese departamento, área o servicio de lo que necesite. Seguidamente se dice que la legislación no ha permitido cubrir las plazas vacantes o asumir la tasa de reposición por jubilaciones. Pues muy sencillo, que se proceda. En la iniciativa privada todo lo contrario, la rapidez es una virtud trabajada a base de esfuerzo, por lo que, cuanta más faena se pone mayor empeño, no valen lloriqueos y quejas mimosas, sino sacrificio, sudor y brega. En el desarrollo del correspondiente expediente administrativo, que se dilata generalmente por costumbre, empiezan a pedir documentación al interesado a cuentagotas, no se entiende si no es para cubrirse las espaldas ante cualquier reclamación. Lo más normal o mejor dicho más racional, sería examinar todo y solicitar de una sola vez aquellos papeles o documentos que hacen falta para la resolución definitiva. Lo fácil lo hacen complicado. El economista Milton Friedman hacía de profeta cuando dijo que «la solución por el gobierno de un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema».

Aquí y ahora hay que encontrar los remedios oportunos que cambien esta dinámica establecida en las administraciones públicas como normales, para erradicar métodos, formas o procedimientos que no sirven. Quizás hay una respuesta válida que proporcione el comienzo de la solución, que es pedir y medir la productividad, como se hace en cualquier empresa privada. Otra cosa es que quieran, puedan o tengan valentía para implantarla.

Oscar Izquierdo es presidente de FEPECO

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