La Fundación ‘Common Action Forum’ impulsa la creación del denominado Tribunal de Acción Común (CAT), de ámbito internacional e integrado por magistrados, abogados y juristas de consagrado prestigio que, a semejanza del Tribunal ‘Bertrand Russell’, el Tribunal Permanente de los Pueblos u otros ejemplos similares de la historia, denunciará las violaciones a los derechos humanos que corren el riesgo de quedar impunes. También las que se cometen en la misma sede judicial.
¿A cuenta de qué surge este Tribunal? ¿Es necesario? ¿Contribuirá a la independencia del poder judicial? No son fáciles las respuestas, máxime cuando tan en boga está la denominada judicialización de la política, un fenómeno que, en nuestro país, por ejemplo, ha alcanzado niveles considerables. La instrumentalización del derecho y la corrupción de la norma jurídica son, entre otras, algunas raíces que sus promotores han logrado que germinen. En el escenario aparecen también los casos de procesos sin habeas corpus y los sumarios montados bajo amplificación de la presión mediática.
Por todo ello quieren una corte ética que denuncie las violaciones de los derechos humanos que corren el riesgo de resultar impunes e, incluso, las que se puedan cometer en la misma sede judicial.
Renata Ávila, la activista guatemalteca y abogada de Julian Assange, el periodista australiano y activista internauta que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres tras alumbrar y editar wikileaks (una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica en su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público), hasta que se lo quitaron de encima, ha sido contundente a la hora de relatar los factores que concurren para justificar la puesta en marcha del CAT: “Víctimas que no han tenido un solo día en corte, abuso de la prisión preventiva, presunción de culpabilidad en vez de inocencia, violaciones al derecho de defensa o al derecho a la privacidad de las comunicaciones entre abogados y clientes… son algunas de las deficiencias que observamos en los sistemas judiciales de la actualidad”.
Una componente del ‘Common Action Forum’, Irene López Alonso, autora de El camino de los refugiados (Edelvives), contextualiza el problema al aludir al ‘lawfare’, un fenómeno en expansión a escala mundial (la guerra jurídica, concebida como el ataque a oponentes utilizando de forma indebida los procedimientos legales pero dando apariencia contraria), que puede poner en peligro a los mismísimos sistemas democráticos si se desvía y se alarga la continuación de la política por otros medios. El presidente español, Pedro Sánchez, acaba de declarar en el marco de diferendo catalán, que no basta con la ley. Vale: hablen, lo que quieran y puedan, pero la sociedad quiere, después de haber prolongado el debate, soluciones y concreciones, si es pactadas y con soportes jurídicos, mejor. Pero, en llegando a los tribunales, cuidado, porque el final, después de largos, larguísimos procesos, es de lo más incierto. Escribe López Alonso que el derecho, paradójicamente, se ha convertido “en un arma de guerra, un instrumento para perseguir, represaliar y derribar al adversario político”.
Estemos atentos, entonces, a este tribunal y sigamos de cerca su funcionamiento, sus decisiones y el alcance o la dimensión de éstas, sobre todo cuando de ciertos asuntos y países se trate. Veremos si se fortalece la credibilidad del poder judicial.
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