FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Del Marqués a Torra y viceversa | Francisco Pomares

El Tribunal Supremo ratificó ayer la inhabilitación como diputado de Quim Torra. La Sala de lo Contencioso rechazó por unanimidad las medidas cautelares planteadas por la defensa del independentista contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que hace unos días declaró al presidente de la Generalitat inelegible para cargo público e incompatible para ejercer como diputado en la Cámara autonómica, al haber sido condenado por el Tribunal Superior de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia.

En un evidente adelanto de los tiempos que se nos vienen encima, los jueces se han pasado por el arco de triunfo el criterio de la Fiscalía, partidaria de no aplicar el acuerdo de la Junta Electoral. Los magistrados del Supremo, después de dos días de debate, han recordado que ya existe jurisprudencia sobre el asunto, consecuencia de una sentencia del pasado año, que estableció que la consideración de la inegilibilidad e incompatibilidad establecida por la LOREG (la ley electoral), no lesionaba los derechos políticos del majorero Domingo González Arroyo, consejero del Cabildo de Fuerteventura, condenado por prevaricación a la pena de inhabilitación especial y a suspensión de empleo y cargo público.

El entonces presidente del Partido Progresista Majorero, más conocido como marqués de La Oliva (o de las Dunas de Corralejo), había intentado recuperar su puesto como consejero del Cabildo después de ser condenado en 2015 a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, cometido siendo alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia favorable a la continuidad de González Arroyo como consejero insular, pero el Supremo dio la razón al Cabildo de Fuerteventura y ratificó su expulsión del Cabildo, acabando con su carrera política.

El Supremo estableció entonces que las penas contempladas en la LOREG deben aplicarse a los condenados por los delitos de rebelión y terrorismo, o contra la Administración Pública o las Instituciones del Estado, sea el que sea el empleo o cargo público que se desempeñe, aunque la sentencia no sea firme. Y eso es lo que han comunicado a Torra. Lo que le han dicho es que debe abandonar su escaño en el Parlament, porque el acuerdo de la Junta Electoral Central es ejecutivo, aunque el Supremo no se haya pronunciado sobre el asunto de fondo, que es si la Junta Electoral es o no competente para inhabilitarlo. Torrá, por su parte, ha vuelto a hacer oídos sordos: le da igual lo que diga el Supremo, que haya jurisprudencia asentada, o que se le advirtiera durante días que su resistencia a acatar la instrucción de retirar los lazos amarillos realizada por la Junta Electoral provocaría su inhabilitación.

Para el Gobierno de Sánchez, enfrascado en los preparativos de una reforma pret-a-porter del Código Penal para sacar a los presos del procés de la cárcel, o para los socialistas catalanes que votaron en el Parlament por mantener a Torrá como diputado a pesar de la inhabilitación para serlo, este avance del Supremo no es en absoluto una buena noticia, y adelanta lo que va a ser una constante en los próximos meses: un Gobierno y quienes le apoyan, entregados a pastelear con las leyes, usando la Fiscalía, las reformas legislativas a medida, el cambio de discurso o las cesiones puras y duras, y el Poder Judicial -uno de los tres poderes del Estado- decidido a hacer cumplir las leyes por encima de apaños y componendas. Habrá que esperar a ver qué hace o no hace el Gobierno para que Torra cumpla la ley.

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