FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Declaraciones de emergencia | Francisco Pomares

El Parlamento de Canarias aprobó el lunes en pleno y por unanimidad (mientras Vox no aterrice en el Parlamento regional hay cosas que aún se pueden aprobar por unanimidad) declarar el estado de emergencia climática en la región. El consejero responsable de políticas medioambientales (su departamento se denomina ahora ‘Consejería de Transición Ecológica’) defendió el proyecto el lunes, en base a varios argumentos, la mayoría de ellos centrados en la necesidad y oportunidad de la declaración y no en sus contenidos. Es la nueva forma de hacer política, en la que lo importante parece ser explicar por qué y para qué se hacen las cosas, y no lo que se hace. Gracias a la intervención en el pleno de Valbuena sabemos que la declaración del Gobierno «no responde a una moda», que la declaración sirve para que el Gobierno tenga claro «hacia dónde avanzar» en política medioambiental (de momento va a trabajar en una Ley de cambio climático que obligará a modificar más de 25 leyes previas), y que Canarias es la tercera región española que declara la emergencia climática, después del País Vasco y Navarra. No sé exactamente de qué sirve encabezar supuestamente ese ranking, ni qué valor tiene una declaración precedida por la de la ciudad de Madrid, que la aprobó en septiembre con el voto en contra de Vox, o por Barcelona, que la aprobó en noviembre. Además, ayer el Gobierno de Sánchez hizo lo mismo: el Consejo de Ministros también aprobó una declaración de intenciones sobre la emergencia climática, de ámbito nacional pero solo con valor político y simbólico, ya que no existe encaje jurídico a una declaración de este tipo.

Es verdad que lo que abunda no daña. Pero el problema es que bajo este paraguas declarativo se colocan todo tipo de cosas, algunas aparentemente peregrinas: Podemos quiere que la ley suponga la salida de las compañías energéticas de la producción energética renovable (una suerte de nacionalización del sector energético), aunque no dice cómo cree que puede hacerse eso. Sánchez presenta el compromiso de descarbonizar completamente España antes de 2050, y eso quiere decir que en 30 años no habrá un solo automóvil o aeroplano con motor de combustión circulando por las carreteras o los cielos de España, y ni una sola empresa ni domicilio que consuma carbón, gas o combustibles derivados del petróleo en su producción, su calefacción o sus cocinas. Es algo muy, pero que muy ambicioso, que no encaja en absoluto con las previsiones de las petroleras y las eléctricas, pero la ventaja de una declaración de este tipo es que dentro de 30 años seguramente los que sigan vivos y coleando se habrán olvidado del compromiso y hasta puede que de Pedro Sánchez.

La cuestión es que -más allá de las declaraciones- se trata de objetivos necesarios, objetivos en los que se debe avanzar con toda la rapidez posible, con eficacia y con políticas realistas, porque el calentamiento global -lo de cambio climático es otro eufemismo político, vamos camino de achicharrarnos- es el mayor reto al que nos enfrentamos como especie. Las declaraciones quedan bien, y las leyes son necesarias, pero lo que hace falta son medidas y recursos para que las medidas que frenen la elevación de las temperaturas y su impacto devastador se pongan en marcha. Y medidas no se ven muchas, de momento. Por el bien de todos, especialmente de nuestros hijos y nietos -por el planeta yo no me preocuparía, seguro que se las apaña muy bien sin nosotros- es imprescindible que se pase de las declaraciones a los hechos.

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