FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Dependencia desesperante | Salvador García Llanos

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha publicitado unos datos que mueven, cuando menos, a la perplejidad y deberían suscitar un serio debate cuyos contenidos y conclusiones sirvan para que los responsables de las administraciones competentes implementen políticas que, por un lado, pongan a prueba su propia eficiencia; y por otro, satisfagan una de las demandas más apremiantes de la ciudadanía.

Según el informe de esta Asociación, un foro profesional en funcionamiento desde 1994, Canarias registra la tasa más alta de demora de todo el país respecto a la tramitación del expediente sobre la Ley de Dependencia: en nuestra comunidad autónoma se espera más de dos años para completar esa tramitación, alrededor de unos setecientos ochenta y cinco días. Y de la perplejidad pasamos al escalofrío cuando, con la comparativa correspondiente, nos encontramos con que la del Estado es de cuatrocientos veintiséis días y no digamos las del País Vasco y Navarra que tienen una tramitación probada de ciento treinta siete y ciento cincuenta y cinco días, respectivamente. En las islas, hay ahora mismo nueve mil trece personas que aguardan una resolución, cifra estancada según datos oficiales facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), correspondientes al pasado noviembre.

Y de la perplejidad pasamos al escalofrío cuando se comprueba que hoy en día son casi veinticuatro mil personas las atendidas en Canarias y aguardan algún tipo de trámite en el marco de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, popularmente conocida como ‘Ley de Dependencia’, mientras que cerca de quince mil continúan esperando por la valoración del grado de dependencia. Durante 2019, en España se ha incrementado en un 10 % el número de personas que aguardan la resolución de algún procedimiento. Actualmente, se han superado los cuatrocientos veinte mil expedientes en tramitación. Con razón, dirigentes de la Asociación hablan de plazos “desesperantes”.

Se han cumplido trece años (era presidente José Luis Rodríguez Zapatero) de la aplicación de la Ley. Y es difícil aceptar los retrasos, mucho más cuando se conocen las causas de los mismos: por una parte, los recortes operados en las partidas presupuestarias específicas; y por otra, la complejidad administrativa. El desespero citado se corresponde con “el disparatado y proceloso entramado burocrático que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.

Cómo será de lenta y desesperante la tramitación que muchas personas han fallecido sin percibir la ayuda a la que tienen derecho. Con eso está todo dicho. Del escalofrío se pasa a lo siguiente, otra vez con los números en la mano: ochenta y cinco personas fallecen diariamente sin haber sido amparadas por el derecho a las coberturas de dependencia.

Claro que influyen las circunstancias políticas. La carencia de Presupuestos Generales del Estado, con un Gobierno en funciones demasiado tiempo, resulta determinante para no asumir las obligaciones competenciales y contar con recursos financieros. La violación de derechos es flagrante a medida que se avanza hacia el colapso del sistema. Los perjuicios para las personas dependientes son evidentes pero también para quienes han de soportar o sobrellevar las cargas financieras.

Perplejidad, escalofrío, abatimiento, impotencia… Al informe de los profesionales del ramo nos remitimos: desesperante. Urgen, aquí sí, medidas drásticas.

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