Lamentos (por ahora, sin gritos) y susurros de financiación local, son los que se escuchan de nuevo en ambientes municipalistas. Se entiende. Un problema agravado por los bloqueos presupuestarios derivados de la gobernabilidad condicionada en el Estado que dura ya demasiado tiempo y siembra dudas o frenos. A pesar de que algunas instituciones se han lanzado y han aprobado sus previsiones contables, no es menos cierto que, casi cumplido el primer semestre desde su constitución, la incertidumbre ante las dudas no resueltas del sistema de financiación y ante los vacíos para afrontar planes, actuaciones o inversiones plurianuales, suscita discursos lastimeros y de impotencia entre alcaldes y munícipes que quieren saber. Soluciones, ya.
Esos discursos, por cierto, van acompañados de balances y resultados que les hacen reivindicar el reconocimiento de una gestión que les acredita, al menos, como cumplidores de una normativa tan exigente como restrictiva, merecedora de horizontes más despejados y aptos con tal de afrontar los ejercicios de un mandato con menos ataduras. La normativa, sobre todo, frena el regular y estable funcionamiento de las entidades locales saneadas al coartar la autonomía local para poder dar destino a los recursos en políticas de gasto que contribuirían a unas mejores condiciones de vida de los ciudadanos.
Así lo recoge una resolución del duodécimo Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativa al compromiso con la financiación local, en la que se aporta un dato incontestable: los ayuntamientos españoles, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, han acumulado desde el año 2012 unos superávit cercanos a los cuarenta mil millones de euros. Pero, claro, como hemos dicho, hay limitaciones que los gobiernos locales y ediles quieren suprimir para disponer de recursos que servirían para mejorar prestaciones y afrontar servicios y demandas que reflejen avances sociales. Téngase en cuenta que esos “beneficios” no son la consecuencia de un exceso de financiación sino del estricto cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la normativa de estabilidad, coloquial o popularmente conocida como regla de gasto que pasará a la historia del municipalismo patrio por sus rigideces varias.
La FEMP recuerda que no ha descansado con tal de liberar o flexibilizar dicha regla pero cree que ha llegado la hora de poner soluciones estables sobre la mesa de alcaldes, ediles de hacienda, órganos y departamentos técnicos competentes. Hay propuestas de acuerdo pendientes de materializar, se espera que en los próximos meses. Según la resolución aludida, algunas de esas propuestas deben estar sustanciadas en un criterio claro de “exclusión de gasto computable en la regla de gasto, no considerándose a estos efectos los atípicos o extraordinarios”. También habla de la inclusión de los gastos plurianuales en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y de la ampliación del ámbito objetivo de las mismas, de modo que incluya los gastos de inversión dirigidos a la lucha contra la despoblación, educación, medio ambiente y gasto corriente en fomento de empleo.
Los responsables de gobiernos locales, dicho en cristiano, no quieren tener dinero ni remanentes en las cuentas de los bancos. Aspiran a administrarlas convenientemente, haciendo uso de la autonomía municipal, para satisfacer las aspiraciones ciudadanas. Por eso quieren utilizar como base de cálculo de la regla de gasto los presupuestos iniciales en lugar de los liquidados y la ampliación del ámbito temporal de la regla especial del destino del superávit de las citadas Inversiones Financieramente Sostenibles.
Por ahora, lamentos y susurros. A la espera de un Gobierno y de los acuerdos consiguientes. Y de unas modificaciones legislativas, para qué engañarnos.
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